Al filo de la noche, el último sábado del mes de diciembre y de manera subrepticia, la Alcaldía de Arraiján ordenó la demolición del Monumento a la Etnia China y el desmantelamiento del Parque Mirador del Puente de las Américas que lo albergaba, sin consulta alguna con sus patrocinadores -la comunidad chino-panameña-, supuestamente sin autorización del Ministerio de Obras Públicas ni de la Autoridad del Canal de Panamá.
No obstante, las organizaciones chino-panameñas manifiestan que se reunieron con ella en junio de 2024 y marzo 2025, ofreciendo sufragar los gastos de los daños estructurales, pero no hubo respuesta por parte de la autoridad local.
Dicho Monumento fue levantado en el 2004, para conmemorar 150 años de la presencia china en Panamá, destacar su contribución a la construcción del ferrocarril transístmico y el Canal, hasta sus aportes sociales, económicos y culturales a la consolidación de la nación panameña.
La alcaldesa argumentó que su decisión estaba basada en criterios técnicos y de seguridad exclusivamente.
Esta demolición representa un continuum de hechos y declaraciones que se han dado desde la toma de posesión del presidente norteamericano a principios de este año, en la que acusó a China de tener el control de nuestro Canal y amenazó con recuperarlo; para más adelante matizar un tanto al señalar que los puertos panameños estaban en manos chinas y que la Embajada de este país asiático pretendía instalarse a orillas de la vía acuática.
El gobierno nacional, para complacer a Trump, accede al retorno de bases militares estadounidenses a territorio panameño a través de un improcedente Memorándum de Entendimiento, así como cancelar la participación del país en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, a la cual nos habíamos adherido en el 2017.
Curiosamente EU le ha retirado visas para viajar a ese país, a 3 dirigentes de asociaciones de la comunidad chino-panameña; y, en su estrategia de seguridad nacional ha señalado claramente su objetivo de “reducir la influencia adversaria externa (llámese china) desde el control de instalaciones militares, puertos e infraestructuras” y que “no es posible una adhesión rígida al no intervencionismo”.
No sería de extrañar, entonces, que la acción alcaldicia sea un mero instrumento para el cumplimiento de estos fines geopolíticos, violatorios del derecho internacional.
Se podrá derribar un monumento, pero no la historia ni la cultura.
Lo cierto es que sendas retroexcavadoras y múltiples unidades de policía (¿municipal?)...
