La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) metió lupa en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y el resultado fue claro. ANTAI informó que mantiene investigaciones abiertas contra unos 40 funcionarios más de la UNACHI, cuyos expedientes siguen bajo revisión y aún no tienen decisión final. Tras el análisis, la ANTAI recomendó la destitución de 15 funcionarios, ubicados en distintos niveles jerárquicos de la UNACHI. La investigación se sustentó en el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos, que prohíbe que familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad trabajen juntos en una misma entidad pública, especialmente si uno influye en el otro. La revisión apuntó a relaciones que la ley prohíbe, sobre todo cuando hay control, supervisión o poder de decisión entre parientes. El proceso no nació de una queja puntual. La ANTAI actuó de oficio y revisó a fondo la situación administrativa y laboral de 86 servidores públicos, verificando nombramientos, cargos y posibles vínculos familiares dentro de la institución. Desde la ANTAI dejaron el mensaje directo: las pesquisas continúan y no se permitirá que prácticas contrarias a la ética pública se normalicen dentro de las instituciones del Estado. Veintiocho funcionarios terminaron sancionados tras una investigación por nepotismo que arrancó a finales de 2024, luego de denuncias que pusieron el tema en la palestra pública. El caso no se cierra ahí. Además, 12 servidores fueron sancionados con una multa del 50% de un salario mensual, mientras que dos funcionarias recibieron una sanción equivalente al 10% de su salario.
Investigación en UNACHI: Sanciones por nepotismo
ANTAI recomendó la destitución de 15 funcionarios universitarios por violaciones éticas relacionadas con el empleo de familiares. La investigación, iniciada de oficio, encontró 28 funcionarios sancionados.
