La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) han iniciado un proceso de coordinación estratégica para unificar criterios sobre la operatividad de las empresas financieras en el territorio nacional. El objetivo de las autoridades es fortalecer la supervisión conjunta, promover el cumplimiento estricto de las normativas vigentes y asegurar que existan buenas prácticas que protejan al usuario final. En 2025, Acodeco impuso sanciones por un total de B/.35,000.00 a diversas empresas financieras que vulneraron la Ley 24 sobre el historial de crédito de los consumidores. Ramón Abadi Balid, administrador de la Acodeco, mantuvo un encuentro con directivos de la Dirección General de Empresas Financieras del MICI para abordar los retos del sector. El eje central de la reunión fue la homologación de criterios operativos tanto para las empresas financieras tradicionales como para las denominadas fintech. Según los datos proporcionados por el Departamento de Investigación de la Acodeco, entre enero y diciembre de 2025 se aplicaron sanciones en primera instancia a 11 empresas financieras. La institución destacó que mantendrá una postura firme frente a las prácticas indebidas que vulneren los derechos de los usuarios, trabajando de la mano con el MICI para garantizar que la evolución tecnológica de los servicios financieros no comprometa la seguridad jurídica y económica de los ciudadanos. Acodeco ha emitido una serie de recomendaciones para los consumidores que utilizan estos servicios digitales, caracterizados por ofrecer servicios financieros de manera digital y rápida. Se insta a la población a informarse adecuadamente antes de cualquier contratación, verificar que los proveedores cuenten con los registros legales y reportar cualquier anomalía directamente ante el MICI.
Acodeco y MICI coordinan criterios sobre la operación de empresas financieras en Panamá
Las autoridades panameñas fortalecen la supervisión del sector financiero. Acodeco y MICI unen esfuerzos para unificar las reglas de funcionamiento tanto para bancos tradicionales como para fintech, protegiendo los derechos de los consumidores.