La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) solicitó formalmente a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) iniciar una investigación exhaustiva a las empresas de telecomunicaciones. Esta medida responde a los aumentos recurrentes de precios aplicados en diversos planes de servicios que han generado malestar entre los usuarios. De acuerdo con la información oficial de la ASEP, las empresas Tigo y Cable & Wireless Panamá han implementado incrementos constantes en los últimos años. Estas alzas afectan directamente los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada.
Fiscalización de la libre competencia A pesar de que el mercado de telecomunicaciones en Panamá opera bajo un esquema de libre competencia, la ASEP considera necesario evaluar el comportamiento de las operadoras. Si bien las empresas concesionarias cumplen con la formalidad legal de comunicar los incrementos con una anticipación mínima de treinta (30) días calendario, la entidad reguladora busca que la ACODECO determine si estas alzas aplicadas en periodos similares por distintos operadores afectan la leal competencia.
Deficiencias detectadas y posibles sanciones En el marco de su fiscalización continua, la ASEP realizó inspecciones el pasado 21 de febrero a las sedes de Tigo y Cable & Wireless Panamá. Durante estas diligencias, se detectaron fallas críticas en los procesos de atención y gestión de solicitudes de los clientes. Entre los hallazgos principales se encuentran: • Incumplimiento en la obligación de mantener visible el Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios. • Tiempos de atención prolongados que requieren optimización inmediata. • Falta de efectividad en la resolución y gestión de las solicitudes presentadas por la población. La ASEP advirtió que procederá con la aplicación de medidas sancionatorias previstas en la ley si estas situaciones persisten. La institución reiteró su compromiso de reforzar la vigilancia a nivel nacional sobre todas las concesionarias para garantizar servicios públicos continuos, confiables y de calidad.
