La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) manifestó su respaldo a la decisión del Órgano Ejecutivo, ejecutada a través del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), para autorizar el procesamiento del material mineralizado de baja ley almacenado en el stockpile del proyecto Cobre Panamá.
Asimismo, la medida pretende contribuir a la recuperación de las exportaciones de la nación, sector donde la actividad minera ha representado históricamente entre el 75% y el 78% del total exportado. Se toma como referencia el desempeño de 2023, periodo en el cual la operación minera contribuyó con más de 500 millones de dólares en recaudación.
Principios de supervisión y gobernanza La Cámara Minera de Panamá reiteró que la gestión de este proyecto debe fundamentarse en la rigurosidad técnica y una supervisión ambiental constante.
Esta medida se inserta en las actividades correspondientes al Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) previamente aprobado para el sitio minero. Según las estimaciones presentadas, la empresa responsable de Cobre Panamá está generando 1,000 nuevos empleos directos, mientras que se proyecta que la red de proveedores genere aproximadamente 3,000 plazas de trabajo adicionales.
Aportes al fisco y exportaciones nacionales La decisión conlleva la generación de ingresos fiscales inmediatos para el Estado. La organización considera que este paso es técnico, responsable y coherente con estándares internacionales.
Impacto económico y laboral del procesamiento La reactivación de esta etapa del proyecto implica un impacto tangible en el mercado laboral panameño. Este movimiento busca dinamizar a más de 2,000 empresas proveedoras y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que integran el ecosistema de suministros de la mina, impactando positivamente en las economías del interior del país.
El gremio subraya la importancia de mantener la transparencia, el acceso a la información y la construcción de una licencia social basada en hechos verificables por la ciudadanía. Finalmente, CAMIPA reafirmó su disposición para colaborar con autoridades, sectores académicos y la sociedad civil, asegurando que cada fase del proceso cumpla con altos estándares de gobernanza y protección ambiental.
