Mientras tanto, el país sigue atento, con los ojos puestos en los niños que necesitan protección de verdad. También estuvieron presentes representantes de organizaciones que apoyan directamente a los niños y adolescentes. El caso ha provocado reacciones tanto a lo interno del país como a lo externo. La Junta Directiva de la Senniaf se reunió de manera extraordinaria, este lunes tras ser convocada por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, luego de denuncias sobre posibles irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Al final del encuentro, se acordó hacer una revisión interna completa, exigir informes y seguir de cerca cualquier responsabilidad administrativa. Carles presidió el encuentro, en el que participaron los ministros de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, el contralor general. Durante el fin de semana, Unicef expresó su preocupación por los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país. Desde el organismo recordaron que la mayoría de los menores que ingresan al sistema sí tienen familia, y llegan al albergue por situaciones graves de vulneración de derechos que necesitan evaluación especializada. Por eso, cada caso necesita evaluación cuidadosa y equipos especializados que garanticen su seguridad y bienestar. Panamá cuenta hoy con 48 albergues a nivel nacional, seis de ellos estatales: cuatro manejados por el Mides y dos supervisados por la Senniaf. Tras la reunión, las autoridades aseguraron que estarán pendientes de los informes y de las decisiones que surjan de esta revisión.
