Esta conexión pesó en el debate legislativo. El gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, explicó que el contrato proviene de una licitación realizada en 2018 y que ha continuado mediante adendas en distintas administraciones. Señaló que no fue suscrito bajo su gestión inicial, aunque reconoció que al retomar el cargo el acuerdo seguía vigente. MiBus informó que ya inició gestiones para poner fin a esa relación contractual y revisar el modelo de seguridad. Sin embargo, el servicio fue ejecutado y la obligación de pago permanece, independientemente del debate político que rodea el caso. El punto más cuestionado fue un desembolso de $369 mil para cubrir un servicio de videovigilancia brindado en zonas pagas y patios entre 2019 y 2025. El contrato generó reparos no solo por el monto, sino por la vinculación de la empresa proveedora con Virgilio Periñán Herrera, hijo de la secretaria general del PRD, Balbina Herrera.
