La Compañía de Puertos de Panamá, SA (PPC), reaccionó este viernes a las allanadas realizadas en sus instalaciones el jueves por la tarde y noche, afirmando que el Estado ejecutó «una intrusión sin previo aviso» en una instalación privada donde se almacenaba documentación y material sujeto a privilegio legal. PPC afirma que la República de Panamá actuó con desprecio al Estado de derecho y que, durante el último año y especialmente la última semana, ha quedado claro que los inversores extranjeros no pueden confiar en el marco legal y contractual panameño. La empresa declaró que había solicitado previamente el establecimiento de «mecanismos de coordinación claros» para el acceso, custodia y protección de su información propietaria y privilegiada, incluida la información no relacionada con las operaciones portuarias. PPC y sus inversores también han expresado categóricamente su objeción a la «toma ilegal de los puertos», así como a la ocupación de sus activos, incluyendo información propietaria y legalmente protegida.
