“El colegio no es la casa de nadie, es una institución pública que se rige por la ley”, enfatizó la jurista. Este caso salió a la luz tras una denuncia publicada por La Verdad Panamá, en la que los estudiantes señalaban que se les impedía asistir en igualdad de condiciones por el uso de su cabello afro y rizado. Los alumnos habían sido presionados para que modificaran su apariencia física, de lo contrario tendrían que recibir sus clases, en ropa particular porque su apariencia manchaba el nombre del colegio Abel Bravo. La situación generó reacciones dentro del propio plantel y encendió el debate sobre prácticas discriminatorias y reglamentos escolares desactualizados en centros educativos públicos. Los estudiantes afrodescendientes del colegio Abel Bravo ganan la primera batalla y son recibidos en el plantel. Los estudiantes Kelvin Pinilla y Maykel Góndola, cuyo caso había sido denunciado por La Verdad Panamá, lograron finalmente ser matriculados en el colegio Abel Bravo, en lo que su defensa califica como una primera victoria frente a presuntos actos de discriminación. Matrícula entre contradicciones La abogada Chalimar de Cortéz, representante de ambos jóvenes, confirmó que la matrícula de los estudiantes se concretó tras una serie de irregularidades y contradicciones por parte de la administración del plantel. En el caso de Kelvin Pinilla, el proceso se realizó sin mayores obstáculos, pese a que el formulario de inscripción no estaba firmado. Sin embargo, a Maykel Góndola se le negó inicialmente la matrícula bajo ese mismo argumento, lo que la defensa calificó como un trato desigual. No fue sino hasta este lunes, con la intervención de la subdirectora de la SENADAP y la presencia de la abogada, que se logró formalizar la inscripción de Góndola, quien incluso no aparecía en el listado de su grupo. Según explicó De Cortéz, las acudientes fueron instruidas a no firmar los formularios debido a condiciones impuestas por la dirección del plantel, entre ellas, el compromiso de enviar a los estudiantes con ropa particular en lugar del uniforme. No obstante, durante la reunión sostenida con directivos y docentes del comité de disciplina, la directora negó haber establecido dichas condiciones, lo que dejó en evidencia contradicciones en el manejo del caso. Finalmente, no se estableció ninguna restricción formal, por lo que los estudiantes asistirán a clases con el uniforme del colegio Abel Bravo, “porque nada se los impide”, sostuvo la jurista. Reglamentos en la mira Pese a este avance, la abogada advirtió que no existe ningún acuerdo escrito que garantice el respeto a los derechos de los estudiantes, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevos conflictos. La defensa también cuestionó el incumplimiento del Resuelto 887-AL de 2023, que obligaba a los centros educativos a actualizar sus reglamentos internos, señalando que el plantel mantiene normas desfasadas. Incluso, indicó que la propia directora manifestó que el reglamento del colegio data de 1942, lo que calificó como un manejo “arcaico” frente a las normativas vigentes. De Cortéz sostuvo que las situaciones denunciadas podrían constituir vulneraciones al derecho a la educación y a la identidad de los estudiantes, y advirtió que los hechos se vienen registrando desde junio de 2025. Asimismo, alertó sobre el impacto emocional que estos episodios generan en los menores, señalando que el daño por estigmatización no es fácil de revertir. Advertencias y seguimiento legal La abogada aseguró que se mantendrá vigilante durante todo el año escolar y no descartó acciones legales si continúan las presuntas vulneraciones, incluyendo querellas por maltrato al menor. En la reunión participaron autoridades del plantel, docentes, representantes de la SENADAP, las madres de los estudiantes y la abogada de los afectados. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de funcionarios del Ministerio de Educación y de la Defensoría del Pueblo, quienes habían sido convocados previamente. “La discusión aquí no es de criterios personales. Existe una norma legal que ampara a estos estudiantes.”
