Queda claro que con la Senniaf no se puede. Esta ley también busca, según el diputado Ernesto Cedeño, la eliminación del historial en la APC, no hostigar por deudas prescritas y advierte que las llamadas telefónicas no suspenden la prescripción de una deuda. Ahora, los jueces orales del Circuito Civil de Panamá, también conocerán de casos de liquidación si respaldo legal. Corren apuestas a que esta tampoco dura ni un mes. Muchos años de lucha tuvieron que meter. La que no renuncia. Nos llegó esto: Las renuncias siguen en el gobierno “Con Paso firme” pero la que se mantiene pegada con Maco plus, es del ministerio de la Mujer. Dicen que están trabajando duro los muñequitos puya puya. Un gol a los bancos. Ya se aprobó en tercer debate el proyecto de ley que obliga a los bancos y financieras a reconocer administrativamente la prescripción de las deudas. ¡Ataja! La entrada. El Dato de La Verdad Panamá para hoy sábado 7 de marzo de 2026 se publicó primero en La Verdad Panamá. No avanzarán ni en lo uno ni en lo otro. Aprehendidos y pa’la calle. Una vez más dice un abogado ahijado de la Tía que si los tongos aprehenden y los jueces sueltan, alguien no está haciendo bien su trabajo o el police sigue sin actualización. Van por su ley. Parece que los que van a conseguir su ley que los reconocerá profesionalmente con su respectiva idoneidad, son los licenciados en Relaciones Internacionales. Esos problemas vienen de años y los políticos y empresarios con su eslogan de “responsabilidad social”, no han hecho nada para cooperar con estos niños y jóvenes. Con la llamada sociedad civil. Se escucha a miembros de la denominada “sociedad civil” y políticos también, cuestionando a la Senniaf y su manejo en los albergues en custodia del Estado. Basta de palabras y actúen… Potro indomable. Se fue Anita, llegó Otilia y pa’ la calle, llegó Andrea Carolina que no llegó a Recursos Humanos y ahora Lilibeth.
Cambios políticos y económicos en Panamá
En Panamá se discuten nuevas leyes sobre banca y gestión gubernamental. Continúan los cambios políticos en el gobierno, mientras la sociedad critica el trabajo de los servicios sociales.