El Tribunal Superior de Panamá confirmó en segunda instancia la legalidad del Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) del corregimiento de San Francisco, dejando en firme el Acuerdo No. 270. El Tribunal resolvió no conceder los amparos de garantías constitucionales presentados contra este acuerdo, tanto por el abogado Roberto Ruiz Díaz, en su propio nombre, como por la Asociación Soy Paitilla, revocando en este último caso la decisión de primera instancia. Las sentencias concluyen que no se vulneraron derechos fundamentales y confirmaron que el procedimiento implementado por la alcaldía de Panamá cumplía con todo el marco normativo. La consulta ciudadana de este proceso fue realizada el 8 de septiembre de 2025, en la que participaron residentes y distintos sectores de la comunidad. El Tribunal también precisó que la legislación vigente no exige un número mínimo de participantes para este tipo de consultas, ni prohíbe su realización en fechas coincidentes con eventos de interés nacional, descartando así los principales argumentos de los amparos. El fallo reconoce además que el Acuerdo 270 responde a la necesidad de ordenar territorialmente el corregimiento de San Francisco, tras un vacío normativo previo, y que su elaboración contó con sustento técnico, coordinación institucional y suficientes espacios de participación ciudadana.
