PPC operó los puertos de Balboa y Cristóbal hasta el 23 de febrero, cuando una resolución de la Corte Suprema de Justicia se hizo definitiva, declarando inconstitucional su contrato de consignación (adoptado mediante la Ley 5 de 1997), incluidos sus anexos y prórroga. Después de que la empresa portuaria acusara al gobierno panameño de ignorar sus reclamos, el presidente José Raúl Mulino anunció que revelará información sobre la Compañía de Puertos de Panamá [PPC] y el robo que Panamá sufrió. El presidente reconoció que es verdad que el Estado panameño no respondió a la solicitud de arbitraje que PPC presentó a la Cámara de Comercio Internacional (CCI) antes de la fecha acordada (viernes, 13 de marzo), porque no había formalizado la contratación de una firma pericial para defender sus intereses.
