Una querella penal presentada ante el Ministerio Público ha puesto bajo la lupa al médico psiquiatra Waldemar Oliveros y al abogado Yostin Cabrera, en el marco de un proceso judicial que tiene como principal denunciado al cónsul de Panamá en Trinidad y Tobago, Diomedes Heraclio Carles Cleghorn.
La acción legal, interpuesta por Jason Humberto Carles Cleghorn a través de la firma Quiroz Govea & Asociados y liderada por el abogado Javier Quiroz, solicita investigar la posible comisión de delitos como falsificación de documentos y falso testimonio, en medio de una disputa por el manejo de bienes de un adulto mayor.
Contradicciones clave en informes médicos El documento detalla que el 29 de junio de 2023, el psiquiatra Waldemar Oliveros certificó que el adulto mayor Heraclio Diomedes Carles Sam, de 85 años, presentaba un deterioro cognitivo leve. Posteriormente, se incorporaron al expediente otras certificaciones atribuidas al mismo médico: una del 4 de diciembre de 2024, que mantenía el diagnóstico de deterioro leve, y otra del 16 de julio de 2025, en la que se indica que el paciente padecía demencia asociada a enfermedades como diabetes mellitus e hipertensión arterial. Sin embargo, el 23 de julio de 2025, al comparecer como testigo dentro del proceso, Oliveros afirmó que no observó deterioro cognitivo en el paciente, y además indicó no recordar cuándo había emitido su última certificación, pese a existir un documento reciente en el expediente.
Peritajes independientes contradicen certificaciones A estas inconsistencias se suma que dos peritos psiquiatras, Iván Marcel Penna Franco y Manuel Iván Daniel Alexis, concluyeron que el adulto mayor presenta un deterioro cognitivo grave, con una evolución que data de al menos dos años. Estos informes establecen que el paciente no tiene capacidad para tomar decisiones sobre sus bienes y patrimonio, lo que choca directamente con parte de la documentación aportada.
Rol del abogado en el expediente La querella también señala al abogado Yostin Cabrera, quien introdujo las certificaciones médicas al proceso. Según el documento, estas pruebas documentales habrían sido determinantes dentro de los procesos, lo que abre cuestionamientos sobre su validez y autenticidad.
Disputa familiar y bienes en juego El trasfondo del caso involucra a Diomedes Heraclio Carles Cleghorn, señalado como figura central en la disputa por el control de bienes y decisiones relacionadas con la Fundación HDJ. El conflicto se desarrolla en medio de dos procesos civiles y una investigación penal previa por presunta malversación de bienes de persona mayor y estafa.
Piden investigación penal El abogado Javier Quiroz sostiene que corresponde al Ministerio Público investigar si se emitieron certificaciones médicas falsas, se incurrió en falso testimonio o se utilizó documentación irregular en procesos judiciales. El caso abre un nuevo frente en este conflicto legal, enfocado en la posible responsabilidad de los profesionales que participaron en la sustentación de pruebas clave.
