Cuando el debate público se centra solo en el Canal y los puertos, el patrimonio histórico y ambiental queda sin defensa. Esa familia del domingo probablemente no sabe que el proyecto detrás de sus sillas violó la zonificación, superó alturas permitidas y taló árboles centenarios. También es responsabilidad de los ciudadanos. Aún estamos a tiempo de definir con claridad cómo queremos los panameños pararnos sobre ese territorio que tanto nos costó recuperar. La autora es arquitecta y presidenta de la Asociación Vecinos de Amador. Tal vez, como dice el urbanista Álvaro Uribe, nos apropiamos de la idea de reconquistar esta zona, pero nunca definimos qué queríamos que significara una vez que fuera nuestra. El temor a que estas tierras terminaran convirtiéndose en lo que pueden ser si la taladora avanza —una especie de Punta Pacífica, un modelo de alta densidad con proyectos que arrasan con árboles y borran la historia— motivó la creación de la Ley 21 de 1997 para proteger el territorio, su patrimonio histórico y su paisaje. Desde entonces, las reglas son claras: no están permitidos los cambios de zonificación arbitrarios y ningún decreto ministerial puede autorizarlos. Rara vez alguien lo explica de forma clara porque las instituciones no vigilan y porque el debate sobre la Zona del Canal sigue siendo —26 años después— una conversación de élites e inversionistas. Si nos tomó casi cien años recuperar la Zona del Canal, no podemos tardar otros cien en decidir qué hacer con ella. Es irónico: la generación que heredó la victoria diplomática más importante de la historia panameña es también la que dilapida con mayor rapidez el territorio soberano. En Amador se han vendido apartamentos en terrenos concesionados, una operación que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional en 2013 por considerarla “una alienación simulada de la propiedad pública”. Más atrás, el paisaje desnudo de una hectárea recién talada por el proyecto Passage, que se vende en redes sociales como “un hermoso escape a la naturaleza”. Es un escenario cada vez más común en la antigua Zona del Canal, un territorio con ejemplos de diseño urbanístico excepcional que en años recientes se ha ido desmantelando con cada nueva intervención. Produjo esta columna en el Programa de Escritura ‘Pensar Panamá/ Narrar la Democracia’, de Concolón y la Embajada del Reino Unido en Panamá. Tenemos leyes que protegen árboles centenarios y bosques urbanos, pero cualquier desarrollador consigue un permiso de tala pagando cinco dólares por árbol extirpado. Pero la inversión especulativa encontró una salida y ahora se levantan torres de alquiler disfrazadas de alojamiento turístico. ¿No se convierte esto en una privatización del acceso al monumento más importante de nuestra soberanía? El problema no es la gestión pública, es la gestión pública mal hecha. Sin embargo, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos —entidad que reemplazó a la ARI para la gestión de la Antigua Zona en 2006— pasó de ser protectora del patrimonio a operar con lógica de agencia de bienes raíces. El Canal, Ciudad del Saber, Panamá Pacífico y el Biomuseo lo demuestran. A pesar de las denuncias de vecinos sobre irregularidades vinculadas a esas disposiciones, las autoridades son como el meme de El Hombre Araña: se limitan a trasladar la responsabilidad entre entidades. UNO: Sin voluntad política, las normas no existen. En Amador existen normas consistentes: edificios con alturas de 2-3 pisos, salvo excepciones de un par de lotes que admiten 8 (Res. 139-2000 y 402-2007 del MIVI); conservar un tercio del arbolado existente (Res. 139-2000); y construir solo en la mitad del lote (Res. 139-2000). Pero en la práctica, algunos desarrolladores han aprendido tres lecciones clave para burlar ese blindaje legal. UNO: Sin voluntad política, las normas no existen.
