El presidente panameño José Raúl Mulino afirmó que con esta nueva exportación, los réditos para el país serán superiores; por lo tanto, los beneficios serán mayores para todos los panameños. Reiteró que la decisión sobre el futuro del proyecto se tomará con base en los resultados de la auditoría integral y asesoría de expertos internacionales de países como Chile, en donde se realiza minería responsable. Mulino aseguró que no tomará decisiones que prioricen intereses particulares por encima del bien común y que todo será comunicado al país de manera transparente. Indicó también que parte de las regalías recibidas a finales del año pasado se invertirán en la ampliación y equipamiento del centro de salud de Coclesito, mejoras eléctricas en Nueva Esperanza, adecuaciones al sistema de captación de agua en Llano Grande y Llano Norte, generación de 5,000 nuevas plazas en el programa Mi Primer Empleo, entre otros proyectos. La aprobación del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina de cobre permitió que más de 500 personas ingresaran nuevamente al mercado laboral luego de dos años de paralización; un informe de la empresa First Quantum reveló que la mayoría de los contratados (67%) residen en las comunidades aledañas al proyecto; el resto (33%) pertenece a otras áreas del país. Las ferias de empleo, organizadas por los municipios de La Pintada, Donoso y Omar Torrijos Herrera, aglutinaron a más de 4,000 ciudadanos, evidenciando la necesidad y urgencia que tienen de conseguir un empleo formal; no obstante, se le dio prioridad a quienes residen en las zonas de influencia de la mina porque han sido los más afectados por su suspensión. Según el documento, con estas incorporaciones, la mina alcanza una fuerza laboral aproximada de 1,600 panameños que podría aumentar a 2,300 si el Gobierno decide procesar el material rocoso que aún se encuentra en la zona. Recientemente, el presidente informó que se está analizando la posibilidad de procesar el material ya extraído, bajo estrictos parámetros técnicos y ambientales, para destinar sus réditos a la ejecución de obras sociales a nivel nacional. Mencionó que la permanencia prolongada de este material podría generar riesgos ambientales; por ello, solicitó a los ministros coordinar su procesamiento y exportación de manera legal. El mandatario aclaró que esta medida no implica la reapertura de la mina; al contrario, busca "resolver temas pendientes, preservar el ambiente y recuperar recursos".
