Panama Ports Company S.A. (PPC) anunció el inicio de un arbitraje contra la República de Panamá el 3 de febrero de 2026, en virtud del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
El inicio del arbitraje se produce tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión. A lo largo del último año, una serie de acciones abruptas por parte del Estado han causado graves y inminentes daños a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario. A pesar de sus extensos esfuerzos, PPC no pudo lograr claridad ni evitar la disputa mediante consultas.
Como trasfondo, el Estado panameño revirtió sus posiciones sostenidas durante mucho tiempo, incumplió sus obligaciones contractuales e impulsó procedimientos legales para destruir el contrato de concesión, resultado de un proceso de licitación internacional transparente.
El comunicado destaca que PPC y sus inversionistas han invertido significativamente más en infraestructura, tecnología y desarrollo humano que cualquier otro operador portuario. Estas inversiones han generado miles de empleos y fueron decisivas para establecer a Panamá como un puerto y centro logístico de reconocimiento mundial, atrayendo a las principales navieras y generando un impacto positivo para la nación.
PPC también menciona que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley Nº 5, afectando su contrato. Aunque el fallo no está vigente, el Estado ha comenzado a tomar medidas para controlar las operaciones de la compañía. A pesar de ello, PPC continúa gestionando sus operaciones y buscando diálogo, pero sus solicitudes han sido ignoradas. La empresa busca una amplia compensación y otros remedios, reservando todos sus derechos.
