El Estado panameño definirá durante el período de transición un nuevo modelo de explotación de los puertos que actualmente maneja Panama Ports Company (PPC), con el objetivo de romper el esquema de monopolio mediante la separación de los operadores portuarios, una medida que apunta a introducir mayor competencia en el sector y a generar una dinámica económica más acorde con el fallo de la Corte Suprema de Justicia y la Constitución Nacional.
Lo anterior fue señalado por el abogado y experto en temas portuarios, Ariel Corbetti, quien explicó que la redefinición del modelo portuario implica que los puertos ya no estarán bajo un solo operador, sino que se dividirán entre distintas empresas, modificando así la estructura bajo la cual se ha venido explotando uno de los sectores estratégicos de la economía panameña.
Corbetti indicó que la ruptura del monopolio traería como consecuencia directa una mayor competencia dentro del sector, lo que impactará la forma en que se desarrollan las operaciones portuarias y la dinámica económica vinculada a ellas.
A su juicio, este nuevo escenario se ajusta mejor tanto al fallo emitido por la Corte Suprema como a los principios que establece la Constitución Nacional.
El abogado sostuvo que durante el período de transición será clave la definición del esquema de explotación de los puertos que hoy están en manos de PPC, ya que de ese modelo dependerá que efectivamente se logre una separación real de operadores y no solo un cambio formal en la administración.
Además, Corbetti advirtió que a este proceso se suma la eventual construcción de otros dos puertos, lo que ampliará la actividad del sector y planteará nuevos retos para el Estado panameño en términos de organización y supervisión.
En ese contexto, el experto planteó la necesidad de fortalecer a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) como ente rector del sistema portuario, para que pueda asumir con mayor capacidad el control y la orientación de un sector que tendrá más actores y mayor complejidad operativa.
De igual forma, consideró que podría ser necesaria una restructuración de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), con el fin de que vigile la libre competencia entre los operadores logísticos y de transporte que forman parte de la cadena portuaria.
Para Corbetti, el anuncio presidencial no solo modifica quién opera los puertos, sino también la forma en que el Estado debe supervisar y ordenar el mercado portuario, de modo que la competencia sea real y se mantenga dentro de los parámetros que exige la Constitución.
El planteamiento de Corbetti surge luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión que permitía a Panama Ports Company operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en ambos extremos del Canal de Panamá, considerados piezas clave del hub logístico nacional.
Tras el fallo, el presidente José Raúl Mulino anunció un período de transición durante el cual el Estado panameño mantendrá el control administrativo mientras se define un nuevo esquema de explotación portuaria, garantizando la continuidad de las operaciones y la estabilidad del mercado naviero.
Mulino también adelantó que el nuevo modelo no permitirá que una sola empresa controle simultáneamente ambos puertos, con el fin de evitar concentraciones y promover un sistema más competitivo dentro del sector marítimo y logístico del país.
Los puertos de Balboa y Cristóbal son puntos neurálgicos del comercio internacional panameño, al conectar el tránsito de mercancías entre el Pacífico y el Atlántico, y su operación impacta directamente a navieras, transportistas, agentes logísticos y al movimiento económico que gira alrededor del Canal.
En ese marco, la transición portuaria se convierte en uno de los procesos más sensibles de la actual administración, por su peso económico, jurídico y estratégico para la posición de Panamá como centro logístico regional.
Por otra parte, Carlos Ernesto González de la Lastra explicó que la operación portuaria no debería verse afectada por los cambios anunciados, ya que la carga que manejan estos puertos es principalmente de transbordo, es decir, mercancía que llega a Panamá para luego continuar viaje en otra línea marítima hacia distintos destinos.
Según indicó, esta característica permite mantener la fluidez del sistema aun en escenarios de transición administrativa.
González de la Lastra añadió que el operador que eventualmente maneje los puertos sería una empresa con amplia experiencia en el sector, lo que representa una ventaja adicional, especialmente porque también administra el ferrocarril.
A su juicio, esa combinación entre puerto y ferrocarril permite proyectar un servicio portuario más eficiente, al integrar de mejor forma la logística terrestre con la marítima.
En cuanto al plano legal, el analista consideró que era previsible que Panama Ports Company solicitara un arbitraje internacional, pero subrayó que lo verdaderamente importante es garantizar la continuidad de la operación portuaria.
En ese sentido, señaló que Panamá debe contar con toda la información necesaria que demuestre que la decisión de cancelar el contrato por inconstitucionalidad está debidamente justificada, especialmente si existen elementos relacionados con incumplimientos contractuales.
