Panamá crea comité para adhesión a la OCDE

El 9 de marzo de 2026, estableció que el comité encargado de planificar e implementar acciones que consoliden la adhesión de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estará integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Presidencia, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias, Desarrollo Social, Educación y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), entidades que considera abordan temas clave para la modernización del Estado y cumplimiento de los estándares exigidos por el organismo internacional. Las autoridades reiteraron que la incorporación de Panamá a la OCDE representa una oportunidad estratégica para fortalecer la institucionalidad, elevar la competitividad, pero ello implica cumplir con una serie de requisitos enfocados en el robustecimiento de la justicia y la gobernanza, mejoras al sistema educativo, cuidado al medioambiente y lucha contra la corrupción. Mencionó que formar parte de una organización que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo, en este momento en particular, en el que Panamá está apostando a la estabilidad financiera y la empleabilidad a través del sector privado, es crucial para reducir las tasas de desempleo, elevar la profesionalización de los ciudadanos y lograr que más empresas se establezcan en el istmo. Dicha comisión, de acuerdo con el documento emitido por el Ejecutivo, 'dictará las directrices y criterios generales que orientarán la participación de los entes y órganos de la administración pública en el proceso de adhesión a la OCDE'. Sin embargo, también aclara que la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad, adscrita al Ministerio de la Presidencia, será la responsable de coordinar, supervisar y garantizar el desarrollo de las medidas que considere necesarias para cumplir con su objetivo en beneficio del interés nacional. Recientemente, la OCDE y el Órgano Judicial acordaron fortalecer sus acuerdos de cooperación con el propósito de afianzar la independencia, eficiencia y modernización del sistema de justicia panameño. La efectividad de este proceso, según Rolando Gordón Canto, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, depende, en gran medida, de que el país salga del listado de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE); por lo tanto, las acciones deben enfocarse en atender los requerimientos de ambos organismos. La jefa de la División de Asociaciones Globales, Inclusión y Justicia del Departamento de Gobernanza Pública de la OCDE, Tatyana Teplova, pidió a la presidenta del Órgano Judicial, María Chen Stanziola, promover un sistema inclusivo y eficaz, basado en evidencia. El analista René Quevedo señaló, en declaraciones anteriores, que pertenecer a este grupo económico, además de beneficios, también tiene responsabilidades fiscales, laborales, económicas y de fiscalización a las que el país deberá someterse una vez consolide su ingreso. Esta fiscalización dará pie a la elaboración de un informe que se entregará periódicamente al presidente José Raúl Mulino, quien evaluará el avance de la estrategia que lleva adelante la Comisión que depende funcionalmente de sus órdenes, pese a pertenecer administrativamente al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE). El Gobierno, a través del Decreto Ejecutivo No.