Encarecer el crédito y dificultar su acceso para familias, emprendedores y empresas en Panamá, al aumentar los riesgos dentro del sistema financiero, serían algunos de los efectos que podría generar el Proyecto de Ley No. 388 sobre el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas, advirtió la Asociación Bancaria de Panamá. El gremio expresó su preocupación por el alcance de la iniciativa, señalando que algunas de sus disposiciones podrían alterar los incentivos que hoy sostienen el sistema de crédito en el país. Hace unos días se aprobó en tercer debate una iniciativa legislativa en la Asamblea Nacional que establece un procedimiento administrativo para el reconocimiento de la prescripción de deudas con bancos y entidades financieras. Han surgido reacciones del sector bancario, ya que la ley permite eliminar la deuda si no se ha cobrado en un término de tres años. Esto confirma las declaraciones dadas a SNIP Noticias por el presidente ejecutivo del gremio bancario hace unos días, en las que dijo que estaban en contra de esta ley. Según la asociación, el sistema crediticio panameño se apoya en la confianza y en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la gran mayoría de los clientes. Esa dinámica ha permitido mantener niveles de morosidad estables y que el crédito continúe siendo una herramienta utilizada por miles de familias para adquirir vivienda, emprender negocios o enfrentar momentos importantes de su vida. El gremio advirtió que el proyecto podría generar incentivos para que algunos deudores opten por dejar de cumplir con sus compromisos hasta que la deuda prescriba, especialmente si se elimina cualquier referencia negativa en el historial de crédito una vez reconocido ese proceso. A juicio de la asociación, esto podría enviar una señal contraria a quienes, aun enfrentando dificultades económicas, optan por reestructurar sus préstamos y seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras. El proyecto también plantea la creación de un procedimiento administrativo para el reconocimiento de la prescripción de deudas ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema de Justicia, mientras el proceso judicial tradicional seguiría vigente. De acuerdo con la Asociación Bancaria, la coexistencia de ambas vías podría generar mayor complejidad operativa, costos adicionales e incertidumbre jurídica dentro del sistema. La organización reiteró su disposición a participar en un diálogo técnico sobre la iniciativa, con el objetivo de fortalecer la protección del consumidor sin afectar la seguridad jurídica ni las condiciones que hoy sostienen el acceso al crédito en Panamá.
