A sus 89 años, cuando debería estar protegido y no deambulando por justicia, Julio César Pinto llegó a la Fiscalía de Familia del Ministerio Público en Panamá Oeste para denunciar que fue golpeado y expulsado de su propia casa por su hijastro. Pero en vez de recibir atención inmediata, el adulto mayor pasó más de siete horas esperando ser escuchado, convirtiendo su denuncia por violencia en una segunda forma de maltrato institucional.
Pinto, visiblemente afectado por su condición física, acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Familia del Ministerio Público en Panamá Oeste con el propósito de interponer una denuncia por presunto maltrato físico contra su hijastro, a quien señala de haberlo agredido con golpes y luego haberlo expulsado de la vivienda que era su residencia, dejándolo sin un lugar donde vivir. La denuncia buscaba activar los mecanismos de protección que el Estado debe garantizar a las personas adultas mayores víctimas de violencia familiar.
No solo acudía a reportar una agresión y un desalojo forzado de su propia vivienda, sino que además se encontró con un sistema que, según sus palabras, no reaccionó con la sensibilidad que amerita un caso que involucra a una persona en condición de vulnerabilidad. "Una persona no va a la Fiscalía por gusto, va porque necesita protección", manifestó, al tiempo que cuestionó que, pese a su edad avanzada, tuviera que permanecer tantas horas sin una respuesta oportuna.
El caso ha generado inquietud entre residentes de Panamá Oeste, quienes aseguran que no se trata de una situación aislada. Ciudadanos consultados señalan que son frecuentes las quejas relacionadas con demoras, falta de orientación y ausencia de criterios de prioridad en la atención de personas adultas mayores, víctimas de violencia o ciudadanos con necesidades urgentes dentro de algunas dependencias del Ministerio Público.
La preocupación no se limita al tiempo de espera, sino también al trato institucional que reciben quienes buscan auxilio.
