El 27 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la concesión minera que había permitido la explotación de una zona con graves riesgos ambientales. Esta decisión marca el fin de la minería en el territorio panameño. La medida responde a la presión de ciudadanos que han exigido un futuro sostenible. La Corte destacó que el derecho a la vida, la salud y el medio ambiente prevalece sobre cualquier interés económico.
El Movimiento de Defensa de la Vida y el Medio Ambiente (MDEV) organizó manifestaciones masivas en la Ciudad de Panamá y otras localidades. Los protestantes piden la eliminación total de la minería en el país y la protección de sus ecosistemas. Las fuerzas policiales, bajo la administración de José Raúl Mulino, han aplicado controles, pero la población sigue exigiendo justicia. La tensión entre la ciudadanía y el gobierno se ha intensificado con la aparición de nuevas protestas. Los líderes sociales afirman que la presión popular es esencial para defender los derechos.
«Cuando tienes que reprimir tu voz, solo el pensamiento, eres un preso de la llamada democracia», declaró un activista del MDEV.
El fallo judicial afirma que la concesión minera debe considerarse nula y que la minería no puede continuar bajo el marco legal actual. La decisión incluye la obligación de devolver la tierra a la comunidad y proteger los recursos naturales. El gobierno debe respetar la orden y garantizar la no explotación minera. Esta medida reafirma el compromiso de Panamá con la sostenibilidad y los derechos humanos.
El rechazo a la minería representa un hito en la lucha de Panamá por su futuro ecológico y social. Los ciudadanos ahora cuentan con una herramienta legal para defender sus territorios. El país se posiciona como líder regional en la protección del medio ambiente.
