Escándalo judicial en Panamá por el caso Odebrecht

El abogado Rolando Rodríguez comparte su opinión al señalar que la empleabilidad de estas pruebas viola el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados, pero ello no parece importar a las autoridades, pues el pueblo panameño ha sido testigo de una serie de inconsistencias y suspensiones que parecieran no tener fin. Ninguna persona, no solo las que yo defiendo, sino ninguna persona, puede ser procesada en el caso Odebrecht, porque todo deviene de una prueba ilícita decretada ilegal, no solo por el tribunal superior, sino también por la Corte Suprema de Brasil, y esa prueba ya la hemos incorporado al expediente, por lo que no es que el juez o la fiscalía la ignoren. El juicio del caso Odebrecht ha dejado más dudas que respuestas en el país; el accionar del sistema judicial en este tema en particular ha sido cuestionable desde el principio. Ese día, la jueza Baloisa Marquínez, a cargo del caso, reprogramó la audiencia para el 11 de noviembre del mismo año, en espera de las asistencias judiciales internacionales necesarias para realizar un contradictorio que «garantizara el efectivo derecho a la defensa», pero en la fecha asignada se suspendió nuevamente hasta este lunes 12 de enero de 2026, porque no se pudo notificar a uno de los imputados. El jurista Basilio González señaló que si se utilizan estas evidencias, se estaría incurriendo en una ilegalidad. El Órgano Judicial informó que suspenderá por algunos días el desarrollo del caso Fisher para permitir a Marquínez atender la audiencia de Odebrecht, sin embargo, debido a la relevancia del proceso se prevé que pueda haber cambios en la fecha. La primera de ellas ocurrió el 1 de agosto de 2023, cuando el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá decidió no realizar la audiencia ordinaria porque aún se encontraba en la etapa de «admisibilidad de pruebas», fijando como fecha alterna el 27 de septiembre del mismo año, pero se volvió a aplazar por el mismo motivo. La reprogramación, a juicio del abogado Carlos Carrillo, deja en evidencia que la jueza Marquínez maneja un doble criterio en el juzgamiento de este caso basado en las personas involucradas. Recientemente, se conoció que la jueza se desempeña como relatora en otro litigio dentro del Sistema Penal Acusatorio (SPA), lo que podría afectar su participación en el normal desarrollo del juicio del caso Odebrecht. Tras el cambio, fue reprogramada para el 12 de noviembre de 2024 debido a que la práctica de pruebas testimoniales y documentales que se tenían que realizar en el extranjero (Brasil, España, Estados Unidos y México) requería de un «tiempo prudente» para la emisión de las respectivas asistencias internacionales, proponiendo como fecha alterna el 20 de enero de 2025. La irregularidad que más llama la atención de los abogados implicados en el caso es la falta de pruebas que sustenten el hecho, ya que las mismas fueron desestimadas en Brasil; por lo tanto, también deberían anularse a nivel local, pero ello no ha sucedido. Por un lado, exigen justicia, y por otro, dejan de responder a solicitudes internacionales del país en el que se inició el litigio. Sostienen que si las pruebas fueron declaradas «nulas» por los magistrados del Tribunal Superior del país suramericano, no deberían tener validez en Panamá, y ello lo sabe perfectamente la Corte Suprema de Justicia. «Ambos lo saben», dijo.