Tres abogados coinciden en una exigencia clara: menos discurso, más resultados, y una justicia que deje de caminar de la mano de la política.
Con más de 180 mil investigaciones por delitos comunes acumuladas, nulidades reiteradas en casos de alto perfil y una percepción ciudadana de impunidad que no da tregua, el Ministerio Público arranca el 2026 bajo la lupa.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz, puso el dedo en la llaga al advertir que el principal déficit del Ministerio Público no está en los grandes casos de corrupción, sino en el abandono histórico de los delitos comunes. Arauz recordó que mientras los casos de corrupción no superan las 3 mil carpetas, los delitos comunes impactan directamente a más de 180 mil ciudadanos, muchos de los cuales llevan años esperando respuestas. A su juicio, priorizar investigaciones ágiles y profesionales en esos casos cambiaría de inmediato la percepción ciudadana sobre la justicia. "El razonamiento es simple: si el sistema funciona bien para los delitos comunes, debe funcionar igual para los especializados", sostuvo Arauz. Adviirtió que mientras existan quejas por retrasos y expedientes en el olvido, el incumplimiento institucional seguirá siendo la norma, independientemente de quién esté al mando del Ministerio Público.
Justicia y política: una relación que debe terminar
Desde otra trinchera, el abogado Víctor Chan Castillo fue categórico: en una democracia real, la justicia debe estar lo más alejada posible de la política. Para él, esto no es un ideal romántico, sino la base misma del Estado de derecho. Chan Castillo subrayó que la función del Ministerio Público es investigar con objetividad y rigor científico, respetando siempre la presunción de inocencia, "desde el más humilde de los panameños hasta el más poderoso". Reconoció que la institución cuenta con recurso humano, pero insistió en que se requiere fortalecer los equipos con auxiliares técnicos especializados, como auditores forenses y expertos en distintas disciplinas, capaces de sostener investigaciones sólidas.
La mística perdida y el déficit de formación
El jurista también lanzó una mirada crítica al pasado y al presente.
Abogado Marco Austin centró su análisis en uno de los puntos más sensibles: las nulidades constantes en los procesos penales. Para Austin, la prioridad del Ministerio Público en 2026 debe ser evitar que los casos lleguen a los jueces de garantía mal tramitados o con vicios que terminen sepultándolos. A su juicio, el problema no es la falta de leyes, sino investigaciones deficientes que no van al fondo del asunto, lo que provoca que los jueces declaren la nulidad y la impunidad vuelva a imponerse. "La credibilidad de las instituciones está cada día más golpeada", advirtió.
Cambio de enfoque: menos persecución política, más justicia real
Austin insistió en la necesidad de un cambio de enfoque profundo: dejar atrás la persecución de gobiernos pasados y concentrarse en combatir la criminalidad real, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia. Para los tres abogados, el mensaje es inequívoco: el Ministerio Público llega al 2026 con una deuda acumulada consigo mismo y con la ciudadanía. Este año se requiere una justicia sin selectividad, sin nulidades por torpeza y sin interferencias políticas.
