Una querella penal fue presentada contra la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, por presuntas irregularidades graves en la implementación de la Ley 467 de 2025, que trasladó la Justicia Comunitaria de Paz de las alcaldías al Ministerio de Gobierno desde el 1 de enero de 2026. La acción legal sostiene que la transición, que debía ser ordenada, gradual y respetuosa de derechos adquiridos, se ejecutó de forma abrupta, caótica y contraria a la ley, afectando a jueces en funciones y al acceso ciudadano a la justicia comunitaria. El escrito acusa directamente a la ministra de haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público, tipificados en los artículos 355 y 356 del Código Penal. Según la querella, el 2 de enero de 2026 se designaron “a dedo” nuevos jueces comunitarios en todo el país, sustituyendo a funcionarios cuyos períodos estaban vigentes y sin que mediara concurso, procedimiento disciplinario ni acto administrativo motivado, en abierta violación de la Ley 467 y su Decreto Reglamentario 25 de 2025. Entre los casos más sensibles destaca el de la jueza Vanessa Elizabeth Vergara Espinosa, quien además de ser reemplazada ilegalmente, se encontraba amparada por fuero maternal. La querella sostiene que la ministra tenía pleno conocimiento de esta protección constitucional y, aun así, mantuvo la sustitución, configurando un acto arbitrario agravado. También se denuncian reemplazos sin resolución formal, como el del juez Miguel Ucadis Palma Caicedo, y ceses anticipados en Betania, Panamá, Colón, La Chorrera y Chiriquí, afectando a más de una veintena de jueces comunitarios.
