La Contraloría General de la República informó que, tras un análisis integral, técnico y jurídico, no refrendó los contratos relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito, al identificarse múltiples inconsistencias que impiden su viabilidad legal administrativa. Eso terminó de cerrar cualquier posibilidad de aprobar contratos paralelos. Por otro lado se detectaron pagos por toneladas excedentes no autorizadas, sin respaldo legal ni presupuesto aprobado. Firmar nuevos contratos sobre la situación, según la Contraloría, creaba una doble operación: la AAUD recogiendo basura y, al mismo tiempo, empresas privadas con contratos nuevos. Un enredo legal que no pasa filtro. Con todo eso sobre la mesa, la Contraloría cerró la puerta. El punto clave es este: el servicio ya estaba en manos del Estado. Un choque legal que no se puede refrendar. De acuerdo a la Contraloría estos son datos esenciales que debían estar definidos desde el inicio y ajustados a los términos de referencia. Dos operadores haciendo lo mismo. Además, indican que durante la revisión aparecieron faltas técnicas y administrativas serias. Además, la AAUD ya había entrado desde el 1 de enero en nueve corregimientos, por razones sanitarias. Un requisito básico que, simplemente, no estaba. No quedaba claro cuántas toneladas se iban a recoger, cuánto se iba a pagar al mes ni cuándo se harían los pagos. Desde el 13 de enero de 2026, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá quedó autorizada —por orden del Ejecutivo y con base legal— para encargarse directamente de la recolección, el transporte y la disposición final de los desechos en el distrito. Empresas sin permisos obligatorios de la propia AAUD. No hubo refrendo. Plata en el aire. Sin permiso sanitario de operación vigente, exigido por decreto para actividades que afectan directamente la salud pública.
