El caso Odebrecht dejó de ser solo un juicio para convertirse en una verdadera partida de ajedrez político-judicial, luego que en su quinto día de audiencia, la Fiscalía sorprendió al revelar la existencia de un nuevo acuerdo de pena suscrito con un allegado al expresidente Ricardo Martinelli. Desde temprano se conoció que entre la Fiscalía y una de las defensas se había puesto “sobre la mesa” un acuerdo cuya audiencia de validación comenzó en privado tras un receso ordenado por la jueza del juicio Odebrecht. Durante la mañana, el debate se centró en el nuevo acuerdo, así como en el inicio de la opinión de los abogados defensores sobre las pruebas especiales que propuso el Ministerio Público, un total de nueve elementos que comenzaron a ser refutados por las defensas. Según se explicó en sala, la mayoría de los cuestionamientos se concentraron en la prueba número nueve, un paquete documental proveniente de Estados Unidos que contiene 10,939 páginas. Los abogados señalaron que no se trata solo del volumen, sino de cómo llegó esa información al proceso panameño. “Es una prueba que viene de Estados Unidos y contiene más de diez mil páginas. Algunos se han opuesto porque consideran que no debe ser admitida”, se escuchó en audiencia. En sala se explicó que los defensores se opusieron a su admisión porque, a su criterio, no cumple con los estándares procesales exigidos en Panamá. Algunos señalaron que no basta con traer documentación extranjera, sin un control riguroso de su incorporación al proceso, cuestionando principalmente la traducción del documento, su autenticidad y la forma en que pretende ser valorado por el tribunal. Para las defensas, la Fiscalía no puede simplemente introducir un paquete documental de ese tamaño sin garantizar que todas las partes tengan igualdad real de contradicción y análisis técnico. Otro punto que generó fricción fue la referencia a un testigo protegido incluida dentro de las pruebas especiales. En la audiencia, abogados manifestaron que se está intentando sostener parte de la acusación sobre una figura cuya identidad, origen y método de obtención no han sido plenamente esclarecidos. Hasta ahora, la justicia ha identificado alrededor de 78 millones de dólares pagados a políticos y operadores en varias administraciones. Según la acusación, esos fondos circularon mediante estructuras diseñadas para ocultar su origen y beneficiar a distintos actores del poder. La entrada “Juicio Odebrecht entra en fase clave: un nuevo acuerdo de pena y choque frontal por pruebas traídas del extranjero” se publicó primero en La Verdad Panamá. Indicaron que no solo se trata del contenido del testimonio, sino de cómo se obtuvo y bajo qué reglas se preservó la cadena de custodia. Algunos defensores advirtieron que la Fiscalía debe explicar con precisión quién es ese testigo, cuál fue su rol dentro de la investigación y de qué manera su información fue integrada a los demás elementos probatorios, porque de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de defensa y el principio de contradicción dentro del juicio. En ese contexto, varios abogados invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado” para oponerse tanto a la prueba nueve como a otros elementos presentados por el Ministerio Público. En audiencia explicaron que si una prueba nace de un procedimiento irregular, todo lo que se desprenda de ella también queda contaminado y no debe ser admitido. Según los defensores, no se puede construir una acusación sólida sobre documentos cuya obtención, traducción o incorporación al proceso sea cuestionable. Aunque la Fiscalía permitió que las partes revisaran los nueve elementos probatorios en un dispositivo electrónico, los abogados dejaron claro que ese acceso no elimina las objeciones de fondo, ya que el problema no es solo ver la información, sino que ésta cumpla con las reglas legales para poder sostener una condena.
