La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que la prueba pericial debe ser idónea, imparcial y técnicamente fundamentada, y que cuando un perito carece de competencia o muestra sesgo, su dictamen puede ser limitado o descartado por el tribunal. La línea interamericana señala que los informes no pueden convertirse en simples alegatos de parte, sino en herramientas objetivas para esclarecer hechos.
“Cuando se quiere afectar a alguien a toda costa, quienes se prestan también deben ser investigados y colocados en el banquillo”, subrayó.
El sistema es científico, no caprichoso El abogado Víctor Chan Castillo recordó que el Sistema Penal Acusatorio descansa en bases científicas. No se trata de un fenómeno coyuntural, sino de un vicio que arrastra el sistema penal desde hace tiempo.
Luis Fuentes Montenegro advierte que el informe policial apenas puede considerarse un indicio y no constituye una plena prueba. “Eso afecta a todos, no solo al imputado”, explicó.
El rol del Ministerio Público Para Chan Castillo, el Ministerio Público debe garantizar una investigación objetiva. “No se protege a una sola parte, se protege el sistema. El tribunal debe valorar con lógica y sana crítica, libre de pasiones o presiones”, indicó.
Desde otra óptica el abogado forense, David Villarreal, enfatiza que cualquier perito debe ser competente, objetivo y aplicar protocolos reconocidos por la comunidad científica. Villarreal fue claro: “Un informe policial es subjetivo. “El problema es cuando se configura con abusos, errores o malas intenciones y no se exige responsabilidad a quienes lo elaboran”, explicó.
Maquillaje que tuerce la justicia El jurista sostiene que cuando un informe es deformado o maquillado, la justicia penal comienza a cojear. Si la prueba nace sin sustento técnico, su peso se diluye dentro del proceso.
Una advertencia al sistema Los juristas coinciden en que permitir que informes sin rigor guíen investigaciones no solo afecta a los imputados, sino que debilita a la justicia penal del país. En la práctica, procesos que arrancan frágiles y sin sustento, imputaciones sostenidas más en narrativa que en ciencia, concluyen en un juicio que termina derrumbándose.
La entrada “Informes policiales bajo la lupa: abogados denuncian abusos, pruebas maquilladas y siembra de evidencias” se publicó primero en La Verdad Panamá. “Es una realidad lamentable que vulnera el Estado de Derecho”, advirtió. A su juicio, estos amañamientos muchas veces funcionan con complicidades. “No se exige responsabilidad inmediata a los policías que falsean contenidos, peritajes o producen culpabilidades por capricho”, señaló.
Para Fuentes Montenegro, el saneamiento debe ser real. “Debe existir responsabilidad penal inmediata. Separarlos del cargo, destituirlos y, si amerita cárcel, que se aplique”.
Javier Collins Agnew / La Verdad Panamá En el Sistema Penal Acusatorio el informe policial debería servir como punto de partida para una investigación, no como una sentencia anticipada. “Todo informe policial carece de valor probatorio si no tiene certeza. Sin embargo, para varios abogados penalistas, en Panamá ese documento muchas veces se usa como si fuera verdad absoluta, aun cuando carece de sustento técnico.
Un problema que no es nuevo El cuestionamiento a los informes policiales es de vieja data. “No puede haber tolerancia con policías que se presten para maquillar pruebas”, afirmó.
La siembra de pruebas sí existe El abogado desmonta el mito. “No tiene nada de técnico ni científico. El valor real de la prueba le corresponde al juez de acuerdo a la sana crítica”, precisó.
El cuestionamiento no es solo local Si está mal elaborado debe ser desestimado por quien investiga de manera objetiva”, sostuvo. Chan fue directo: aceptar informes defectuosos no debería ni siquiera formar parte de una investigación seria. “Un informe mal hecho no debe caminar en un proceso que se diga científico”, expresó. Además, señaló que pensar en siembra de pruebas es actuar contra la Constitución. Existe en procesos reales, en casos de alto perfil y en otros que pasan desapercibidos.
Abogados, jueces y defensores vienen advirtiendo desde hace años que la práctica de sostener investigaciones sobre reportes débiles o maquillados se repite en distintos periodos y administraciones. “La siembra de prueba no es solo una expresión. Se violan el debido proceso y los derechos fundamentales de los artículos 17, 22 y 32. Separarlos del cargo, destituirlos y, si amerita cárcel, que se aplique”.
