El Pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidió correr la cortina y limitar el escrutinio público sobre su funcionamiento interno, al declarar como información de acceso restringido las actas de las sesiones del Pleno, según lo dispuesto en un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de este martes 27 de enero de 2026. La medida fue adoptada mediante el Acuerdo N.° 8 de enero de 2026, en el que se establece que todo el contenido de las actas donde se registran las deliberaciones, discusiones y acuerdos entre magistrados queda fuera del libre acceso. En la práctica, esto significa que documentos que antes podían ser solicitados bajo el principio de que los actos del Estado son públicos, ahora pasan a un régimen de reserva, donde su consulta dependerá de autorizaciones especiales o de criterios internos del propio Órgano Judicial. Las actas del Pleno no son simples formalidades: allí se deja constancia de cómo se discuten temas administrativos, disciplinarios y estratégicos del máximo tribunal del país, así como decisiones que impactan la organización y el rumbo institucional de la justicia panameña. Aunque la Corte no detalla en la publicación los motivos específicos de la restricción, la figura de “acceso restringido” suele invocarse bajo argumentos de confidencialidad, seguridad institucional o protección de procesos internos. Sin embargo, la decisión abre el debate sobre hasta qué punto esa reserva puede chocar con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para sectores vinculados a la observación judicial y al periodismo, este tipo de medidas tiende a reducir la capacidad ciudadana de fiscalizar cómo se toman decisiones en la cúpula del sistema judicial, especialmente en un contexto donde la confianza pública en las instituciones sigue siendo frágil. El acuerdo coloca ahora bajo llave las conversaciones y consensos que se producen “puertas adentro” en la Corte, limitando la posibilidad de conocer no solo el qué se decide, sino también el cómo y el porqué de esas decisiones. Con este movimiento, la Corte Suprema marca un giro hacia una mayor reserva institucional, dejando planteada una interrogante clave: si la protección de las deliberaciones internas pesa más que el derecho ciudadano a saber cómo opera, en la práctica, el máximo órgano de justicia del país.
