La ministra de Gobierno de Panamá sobre la reforma de la justicia comunitaria

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, resaltó en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional la importancia de la Justicia Comunitaria y cómo esta puede ayudar a resolver conflictos vecinales para que no escalen a escenarios que lleven a los involucrados a centros penitenciarios. Explicó que muchas personas ingresaron a prisas porque una Casa de Paz no dio respuesta a las controversias y el conflicto escaló hasta llegar al Ministerio Público. "Se ha establecido la forma en que se deben considerar los puntajes y es bastante parecida a la que se hace en el Órgano Judicial", añadió. Señaló que se ha involucrado en la justicia comunitaria, que algunos, según ella, miran como el patito feo, porque ayuda a resolver muchos problemas de violencia en las comunidades. Una de las situaciones es que en algunos municipios, hasta el pasado 31 de diciembre, los jueces de paz que participaron en un concurso ocupaban el puesto de mensajero. Mencionó que se deben buscar mecanismos para dar fin al vínculo con los municipios para que estos funcionarios pudieran ser contratados por el Ministerio de Gobierno. Destacó que en cada corregimiento las Casas Comunitarias funcionaban con un libro distinto, por lo que tuvo que poner orden. Entre los requisitos para optar a una plaza de juez de paz está ser abogado, no estar inscrito en un partido político ni haber sido condenado por un delito doloso. También señaló que encontró Casas de Paz que no pagaron sus alquileres, en algunos casos por 36 meses, y que existe una deuda millonaria con Naturgy. Uno de los problemas a resolver no depende del Ministerio de Gobierno, sino de los municipios que, en algunos casos, no habrían aclarado cómo sería la desvinculación de los jueces y funcionarios de las Casas de Paz. Considera que una manera de despolitizar la justicia comunitaria es sacarla de los municipios y las juntas comunales. Montalvo adelantó que este concurso se hace en conjunto con la Procuraduría de la Administración y el Órgano Judicial para, según dijo, "poder ver todos los procedimientos y procesos que atienden los jueces comunitarios". Afirmó que por mucho tiempo personas que no eran abogados atendían estos temas y que en los juzgados comunitarios se hacía más mal que bien. La ministra dijo que recorrió el país para conocer el tema de primera mano, se reunió con los 487 jueces y se encontró con situaciones particulares. Reiteró que se deben respetar los derechos adquiridos de los funcionarios. "Estamos poniendo orden, tratando de implementar algo que funcione y tribute a esa ciudadanía que espera una respuesta", dijo. Esto le presentó algunos temas con la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que recordó que no puede nombrar a alguien que no ha terminado de solucionar su relación laboral con su ente nominador. "Hoy están allá dentro por temas que se pudieron evitar si se hubiesen encontrado con alguien que, medianamente, conociera de leyes", reflexionó. Para solucionar este inconveniente, se decidió hacer nombramientos de jueces de paz de manera interina mientras se llega la fecha de los concursos en abril. Además, señaló que a finales de diciembre tuvo que ir al Municipio de Arraiján, donde se registró una situación "sumamente grave" porque estaban tocando expedientes con temas de reserva y algunos fueron movidos o incluso sustraídos de los jueces, quienes eran sus custodios. Dijo que la pensión alimenticia será atendida en los Juzgados de Familia o el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, por lo que trabaja con la magistrada Judith Cossú.