Política Eventos Del país 2026-01-29T16:18:32+00:00

Nueva Ley para la Defensoría del Pueblo en Panamá

Panamá sanciona una nueva ley que otorga poderes vinculantes a la Defensoría del Pueblo, buscando depolitizar la institución y mejorar la protección de los derechos ciudadanos, recuperando su estatus 'A' a nivel internacional.


Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, dijo que trabajarán bien en la reglamentación de la norma, para lo cual tienen seis meses, para que los procedimientos sean bien claros y no dejen espacio a interpretaciones. Con la sanción de la Ley No.504 de 18 de diciembre de 2025, que subroga la Ley 7 de 1997, un aspecto en que se ha trabajado y que ha costado mucho, a juicio del Defensor es despolitizar la entidad. Con la nueva ley de la Defensoría del Pueblo, la entidad asume decisiones vinculantes, aspecto que antes no estaba contemplado y por el cual siempre fue criticado su alcance en problemáticas sociales. De igual forma, la Defensoría podrá presentar recursos judiciales para restituir derechos a ciudadanos y las garantías constitucionales. Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, explicó que ahora la primera acción vinculante de la Defensoría será por medio de la mediación y la cooperación. Finalmente, se pudo conciliar un trabajo que estuvo marcado por el apoyo al tránsito de más de un millón de migrantes, a las tres grandes huelgas que ha pasado (2022, 2023, 2025), a los informes de niñez (caso de los albergues de 2021), informes de mujer, privados de libertad. Esto implica mediar en conflictos que se presenten entre particulares y la Administración Pública o empresas mixtas o privadas para promover acuerdos que solucionen la vulneración de derechos, los cuales deberán ser cumplidos por las partes. Afirmó que desde que llegó a la Defensoría en 2020 tuvieron que atender una videollamada para un juzgamiento de la entidad que dirige. Esta labor, prosiguió Leblanc, permitió que a nivel internacional se reconociera que se estaba haciendo algo y que La Defensoría del Pueblo de Panamá haya recuperado el Estatus 'A' en materia de Derechos Humanos. El tiempo de respuesta de parte de las autoridades o las empresas a la entidad se reduce a 15 días hábiles y solo podrán presentar una prórroga de 15 días adicionales.