La decisión judicial, sus implicaciones operativas y las reacciones locales e internacionales han marcado una secuencia de eventos que el Gobierno busca encauzar mediante un proceso de transición ordenada. A continuación, lo que se sabe hasta ahora.
El fallo de la Corte Suprema El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por Panama Ports Company, filial del conglomerado CK Hutchison Holdings. Señaló que el Gobierno había trabajado desde hace un año en un plan de contingencia ante un eventual fallo adverso y aseguró que, hasta que la decisión judicial quede ejecutoriada, la Autoridad Marítima de Panamá coordinará con Panama Ports Company la continuidad operativa de las terminales, sin cambios en las operaciones.
La etapa de transición El presidente explicó que, una vez ejecutoriado el fallo, se abrirá un periodo de transición antes de adjudicar una nueva concesión. Aclaró que no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura o administración futura de los puertos, ya sea a corto o largo plazo. También indicó que se reserva el derecho de ejercer acciones legales en Panamá o en otras jurisdicciones.
El pronunciamiento del presidente Un día después del fallo, el presidente José Raúl Mulino se dirigió al país para explicar el escenario y los pasos previstos por el Ejecutivo. Para coordinar este proceso, designó a un equipo técnico y ordenó a la Autoridad Marítima de Panamá y al Ministerio de Trabajo acompañar el proceso, con énfasis en la estabilidad laboral y la continuidad del servicio portuario.
El rol planteado para APM Terminals En ese contexto, APM Terminals confirmó que está dispuesta a asumir de manera temporal la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal durante la fase de transición. El gobierno de Hong Kong, por su parte, expresó su oposición a cualquier medida que, según indicó, afecte de forma indebida a empresas hongkonesas y advirtió a sus compañías sobre revisar cuidadosamente sus inversiones actuales y futuras en Panamá.
La posición de Panama Ports Company Panama Ports Company señaló que no había sido notificada formalmente de la decisión judicial y defendió que su concesión fue otorgada mediante un proceso de licitación internacional. La empresa sostuvo que el fallo carece de base legal y advirtió sobre posibles afectaciones a la estabilidad laboral y a la seguridad jurídica del país.
El origen del proceso judicial La decisión judicial se da tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que cuestionó la prórroga por 25 años otorgada en 2021 al contrato original firmado en 1997. El contralor presentó la demanda ante la Corte Suprema señalando presuntas irregularidades en pagos, aspectos contables y en el proceso de renovación, así como la falta de refrendo de su despacho en la extensión del contrato.
Qué falta por definirse Entre los aspectos pendientes están la ejecución formal del fallo, la definición administrativa del esquema de transición, el marco bajo el cual se convocará una nueva concesión y la eventual resolución de acciones legales anunciadas por la empresa concesionaria. Mientras tanto, el Ejecutivo ha reiterado que las operaciones portuarias continuarán sin interrupciones y que el proceso se desarrollará por etapas.
