La Fiscalía Superior de Atención Primaria del Primer Circuito Judicial admitió una querella penal contra el expresidente de la República Juan Carlos Varela, la exprocuradora general de la Nación Kenya Porcell y el exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando Picuiro López, lo que reabre uno de los capítulos más polémicos del uso del poder estatal durante la pasada administración. La acción fue presentada por el abogado Roiz Navarro en representación del empresario chiricano Germán Eliecer Chanis, dentro del expediente vinculado a la denominada operación Imperio 507, un proceso que dejó cuestionamientos sobre presiones, acuerdos de pena y el manejo político de la justicia. Navarro confirmó que la querella fue admitida por presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de influencias y conductas contra la administración de justicia, señalando directamente a quienes, según sostiene, habrían utilizado el aparato del Estado para torcer procesos judiciales. "Hemos recibido con mucha esperanza y satisfacción la notificación de la Fiscalía sobre la admisión de esta querella criminal contra figuras que manejaron el poder político y judicial del país", afirmó el abogado. El jurista advirtió que esta decisión no es un simple trámite, sino un golpe directo a la narrativa de legalidad con la que se manejaron los expedientes durante el gobierno de Varela. A su juicio, la admisión debe conducir a la revisión y posible nulidad de los acuerdos de pena firmados con jóvenes panameños y empresarios en el marco de Imperio 507. "Estamos hablando de sentencias que se construyeron bajo un esquema de presión institucional. Si la justicia es coherente, esto debe terminar en la nulidad de esos acuerdos", sostuvo Navarro. El abogado fue notificado este lunes junto a un grupo de personas que se consideran afectadas por el manejo del caso, quienes ahora esperan que el Ministerio Público no convierta el expediente en otro tema de archivo muerto. La querella pone nuevamente bajo la lupa a la administración Varela y a su equipo de seguridad y persecución penal, en un contexto donde la ciudadanía sigue reclamando que la justicia no sea utilizada como arma política ni como instrumento de revancha. Con esta admisión, la Fiscalía queda obligada a investigar si desde la Presidencia, la Procuraduría y el Consejo de Seguridad se manipuló el sistema judicial para fabricar culpables, blindar intereses o ajustar cuentas desde el poder.
