El juicio por el caso Odebrecht entró en una de sus fases más sensibles con la declaración del perito financiero de la defensa, José Ángel Robles, quien compareció ante el tribunal para intentar desvirtuar la tesis del Ministerio Público de que fondos de sobornos pagados por la constructora brasileña habrían sido canalizados hacia la campaña presidencial de Juan Carlos Varela mediante cuentas vinculadas al empresario panameñista Jaime Lasso.
La discusión se centró en los movimientos de dinero provenientes de la offshore Innovation Research Engineering and Development Ltd., señalada por la Fiscalía como parte del sistema utilizado por Odebrecht para dispersar coimas en distintos países. Según la acusación, esos recursos ingresaron a la Fundación Don James y otras sociedades controladas por Lasso, y desde allí habrían servido para financiar actividades políticas.
Robles explicó que su peritaje se enfocó en reconstruir el recorrido del dinero desde su ingreso hasta su agotamiento, revisando estados de cuenta, libros contables, recibos, contratos y la documentación aportada por el contador Franklin Gordon, quien llevaba la contabilidad de las estructuras de Lasso. De acuerdo con el perito, entre 2009 y 2013 ingresaron alrededor de 6.7 millones de dólares, los cuales —según su versión— fueron utilizados íntegramente en gastos operativos y políticos del Partido Panameñista, sin que se detectara apropiación personal ni maniobras de ocultamiento típicas del lavado de activos.
Entre los principales destinos del dinero detallados en audiencia figuran:
Más de 688 mil dólares en pagos a medios de comunicación, publicidad y manejo de imagen. Alrededor de 669 mil dólares entregados a miembros de la Comisión de Finanzas del partido. Planilla, honorarios y viáticos para unas 46 personas de la estructura política. Transferencias vinculadas a actividades de campaña de Juan Carlos Varela y pagos asociados a la estructura de José Luis “Popi” Varela. Un contrato internacional por 3.6 millones de dólares con la empresa Carretero Internacional, relacionado con producción y logística de material proselitista.
Robles sostuvo que el dinero fue ejecutado completamente e incluso se habría gastado por encima del monto recibido en unos 24 mil dólares, lo que contradice la idea de que Lasso se hubiera beneficiado personalmente del esquema. Otro punto que la defensa intentó aclarar fue la circulación de fondos entre distintas cuentas. “No se observa un patrón de estratificación criminal, sino una dinámica administrativa”, explicó ante los jueces.
Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la Fiscalía insistió en que el eje del caso no se limita al uso del dinero, sino a su procedencia. El perito aseguró que se trataba de movimientos internos dentro de un mismo grupo financiero y no de operaciones diseñadas para ocultar el origen del dinero. El Ministerio Público recordó que Innovation Research es una de las sociedades utilizadas por Odebrecht para pagar sobornos, por lo que el debate central es si fondos de corrupción terminaron alimentando una campaña política en Panamá.
Los fiscales cuestionaron además la dependencia del peritaje en documentos internos suministrados por el propio entorno de Lasso, y plantearon dudas sobre la ausencia de comprobantes externos que certifiquen que todos los pagos respondían realmente a servicios prestados. La parte acusadora sostiene que las cuentas de Lasso funcionaron como un vehículo para canalizar recursos de origen ilícito hacia el financiamiento político, mientras que la defensa intenta posicionar la narrativa de que se trató de financiamiento partidario ejecutado sin ánimo de ocultamiento ni beneficio personal.
El juicio continuará con la evacuación de nuevas pruebas y testigos, en un proceso que mantiene bajo escrutinio el vínculo entre el esquema internacional de sobornos de Odebrecht y el financiamiento de campañas políticas en Panamá.
