Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Panama Ports Company S.A. (PPC) inició un arbitraje internacional contra Panamá, al considerar que la decisión se produce tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra esta compañía y su contrato de concesión. El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declara inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) fue publicado en la Gaceta Oficial, oficializando así la decisión adoptada por el máximo tribunal del país. De acuerdo con la empresa portuaria, no existe ningún ultimátum contra el Estado panameño, sino la intención de retomar las reuniones sostenidas con altos funcionarios para definir el proceso de transición. La decisión de la CSJ en su parte resolutiva también declara inconstitucional la prórroga y sus actos inherentes determinados a través de una resolución emitida por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) el 23 de junio de 2021. El contrato está relacionado con la concesión para el desarrollo, construcción, operación y administración de los puertos Balboa y Cristóbal. El presidente Mulino, en una de sus últimas declaraciones confirmó que el Gobierno mantendrá una estrategia para sostener la operación de puertos en riberas del Canal y que se prepara, luego de ejecutoriado este fallo, para iniciar una transición en los puertos, buscando los mejores resultados e interés para el país, a través de un esquema de operación de los puertos por separado. En medio de la controversia, CK Hutchison Holdings advirtió que tomaría medidas legales contra Maersk si la empresa de transporte marítimo asume de manera transitoria la administración de los puertos, como lo anunció el presidente de la República, José Raúl Mulino. Posteriormente, CK Hutchison Holdings informó que estaban dispuestos a negociar con el Ejecutivo antes de que la decisión quedara ejecutoriada tras publicarse en Gaceta Oficial.
Panama Ports Company inicia arbitraje internacional contra Panamá
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el contrato con la empresa portuaria, Panama Ports Company inició un arbitraje internacional, afirmando que la decisión fue resultado de una campaña estatal. El gobierno panameño se prepara para una transición en la gestión portuaria, lo que provocó advertencias legales de CK Hutchison Holdings.
