El Consejo de Gabinete, en sesión de este martes 24 de febrero, aprobó la Resolución N° 10-26 que da concepto favorable a la Adenda No. Con esto, el acuerdo que ya estaba vencido queda encaminado a mantenerse vigente bajo los mismos términos establecidos. En la misma sesión, el Gabinete también autorizó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 1 para prorrogar el contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber. Ese contrato fue aprobado mediante el Decreto Ley No. 6 del 10 de febrero de 1998. Tenía una vigencia de 25 años y venció en febrero de 2023. Ahora, con esta adenda, se busca extender su vigencia para que continúe el desarrollo del proyecto. La resolución señala que el contrato mantiene un régimen especial y que, por el interés público que representa la continuidad de Ciudad del Saber, se hace necesaria la firma de esta prórroga. Adicionalmente, el Consejo de Ministros también aprobó el proyecto de ley No. 1 para adicionar el artículo 169-A al Código Penal. Actualmente, el artículo 169 del Código Penal establece que quien impida ilegalmente una reunión pacífica será sancionado con prisión de uno a tres años, o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. La propuesta del nuevo artículo 169-A plantea que quien, durante una manifestación o protesta, use capuchas, pasamontañas o máscaras para ocultar su rostro con el propósito de provocar o incitar violencia, intimidación u odio, enfrentará una pena de dos a cuatro años de prisión. Si el responsable es un servidor público, la pena aumenta de dos a cuatro años de prisión. Además, si esa conducta facilita o encubre delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la sanción subiría de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de la pena correspondiente por el delito cometido.
