A juicio de la defensa, en el caso Odebrecht se omitieron diligencias claves que pudieron fortalecer —o descartar— la teoría acusatoria. En la misma línea, el abogado Alejandro Pérez cuestionó que la Fiscalía intente incorporar información que Estados Unidos recibió de Brasil y que posteriormente fue anulada. Además, sostuvo que existe un trasfondo político que busca afectar la imagen del expresidente Ricardo Martinelli, reiterando que en 2008 y 2009 no ejercía funciones públicas, por lo que no pudo haber recibido sobornos. La defensa reiteró que los fondos recibidos fueron donaciones políticas debidamente declaradas y destinadas principalmente al pago de publicidad electoral. «Entonces, ¿cómo sostener ante un juzgado una acusación?», lanzó el jurista. Peritaje bajo fuego. El abogado criticó que el análisis financiero fuera realizado por Antonio Lim y Eliseo Ábrego, quienes —afirmó— no cuentan con la formación ni experiencia para desarrollar un peritaje técnico. Según expuso, no hubo recolección independiente de pruebas ni evaluación científica de los datos. Por el contrario, señaló que las conclusiones se sustentaron en información proporcionada por la parte acusadora y en verificaciones hechas a través de redes sociales y medios de comunicación. Software fantasma y dudas técnicas. Otro punto neurálgico fue el supuesto uso de un software mediante el cual se habrían gestionado sobornos. El abogado Sidney Sittón arremetió contra el Ministerio Público y cuestionó la solidez de la investigación por presunto blanqueo de capitales, ayer, durante la fase de alegatos del juicio por el caso Odebrecht. Durante su intervención ante el Tribunal, Sittón puso en duda la ausencia de una auditoría forense formal, elemento que —según sostuvo— es indispensable en cualquier proceso que busque probar delitos financieros. «Cuando se hace una auditoría forense, tiene que haber un método, pero aquí el Ministerio Público nunca nos habló de ello porque no lo hizo». El abogado cuestionó que, hasta la fecha, no se haya identificado formalmente dicho sistema ni se haya solicitado apoyo al Instituto de Medicina Legal para examinar los servidores presuntamente utilizados. Tampoco —según dijo— se pidieron contraseñas ni accesos técnicos que permitieran verificar la autenticidad de esa plataforma o de la red virtual privada donde, presuntamente, se encriptaban conversaciones. «Me salta la duda de si ellos en realidad tenían el interés de que la investigación arrojara lo que tuviera que arrojar», sostuvo ante la jueza Baloisa Marquínez. «El poder está en lo que no se hizo». Sittón fue más allá y afirmó que el «verdadero poder» del Ministerio Público no está en lo que hace, sino en lo que deja de hacer.
