En el marco de la XXIV Asamblea de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), el Ministerio de Gobierno y el PNUD organizaron un encuentro técnico para generar insumos estratégicos que promuevan la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia en la región.
El evento, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), contó con la participación de delegados de la sociedad civil y tuvo como fin primordial la creación de insumos estratégicos para el Documento Marco de promoción y posicionamiento de dicha convención (CIAJ).
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, lideró la apertura del encuentro destacando el valor histórico del Palacio de Gobierno como escenario de decisiones cruciales para el pueblo panameño. Subrayó que este espacio de intercambio busca establecer puentes efectivos de acceso a la justicia, especialmente para los grupos vulnerables que históricamente han enfrentado barreras para la materialización de sus derechos.
Por su parte, Jairo Acuña, líder del equipo de gobernabilidad para América Latina y el Caribe del PNUD, vinculó directamente el acceso a la justicia con el progreso social, bajo la premisa de que a mayor seguridad jurídica, mayor desarrollo regional. Acuña enfatizó que la conversación busca proveer herramientas y fundamentos para implementar la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia desde la perspectiva de la sociedad civil.
Asimismo, el representante del PNUD calificó como pionera la experiencia de Panamá en el acceso a la justicia para personas privadas de libertad, señalando que este enfoque centrado en las personas aborda el núcleo de las situaciones de vulnerabilidad.
La jornada contó con la participación de Luciana Bercovich, Senior Manager de Grassroots Justice Network, quien argumentó que la efectividad del sistema judicial depende de que la ciudadanía conozca y utilice el derecho. Bercovich señaló la importancia de que las personas participen en los procesos de toma de decisiones y en la transformación de normas que resulten injustas.
Finalmente, las mesas de trabajo analizaron el alcance y los desafíos de la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia, reafirmando que la sociedad civil es una aliada estratégica indispensable para la promoción y evaluación de las políticas públicas en materia judicial en toda la región iberoamericana.
