En la provincia de Panamá Oeste, en la costa de Punta Chame, el ambicioso proyecto turístico llamado 'Beach Club House', promovido por la empresa Megamar Corp., se encuentra ahora en el centro de un complejo escenario legal, ambiental y administrativo que ha encendido las alarmas entre las autoridades.
Según los documentos en poder del Ministerio de Ambiente, Riad Salim El Hayek Tony figuraba como representante legal en ese entonces. La entidad enfatizó que realizar actividades sin viabilidad ambiental supone un riesgo directo para el ecosistema costero y constituye un incumplimiento de los compromisos originalmente asumidos por la empresa.
El resultado administrativo se produjo el 18 de septiembre de 2025, cuando la Dirección Regional de Panamá Oeste emitió la resolución DRPO-SEIA-RECH-005-2025. En este acto administrativo, el Ministerio de Ambiente decidió rechazar sumariamente la solicitud de modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), considerando que los cambios propuestos generarían nuevos impactos en áreas no evaluadas y fuera del ámbito legal del proyecto original.
El hallazgo más crítico de la inspección fue la discrepancia geográfica: el área donde se realizaban las obras no coincidía con el polígono aprobado en 2016. Mediante el uso de equipos de alta precisión, se determinó que el promotor había excedido los límites legales, realizando actividades en terrenos que no contaban con ningún instrumento de gestión ambiental vigente o evaluación de impacto previa.
Ante esta situación, el Ministerio de Ambiente ordenó la suspensión inmediata y temporal del proyecto. Sin embargo, las alarmas sonaron cuando técnicos del Ministerio de Ambiente realizaron una inspección de campo el 4 de agosto de 2025. Durante el recorrido, el personal del Departamento de Verificación del Desempeño Ambiental confirmó que el promotor no solo estaba planeando las modificaciones, sino que ya había comenzado trabajos de movimiento de tierras, relleno y nivelación en el sitio.
En respuesta a esta solicitud, el Ministerio les informó que el estudio ambiental seguía vigente y que cualquier modificación al proyecto debía comunicarse previamente a la institución.
Las irregularidades detectadas esta semana llevaron a la imputación de siete personas por su presunta participación en la extracción ilegal de arena y el daño ambiental asociado al desarrollo del proyecto inmobiliario y turístico. Según el Ministerio de Ambiente, las inspecciones realizadas en la permitieron identificar múltiples anomalías, incluyendo la ejecución de obras fuera de las zonas previamente aprobadas, el impacto directo en los manglares y áreas utilizadas como sitios anidación de tortugas marinas, así como la remoción de arena en sectores costeros protegidos.
Los informes técnicos de expertos en geomática reforzaron la ilegalidad de la construcción al verificar puntos GPS en el terreno. Actualmente, el proyecto 'Beach Club House' permanece estancado y bajo la sombra de la responsabilidad penal.
Aunque el estudio de impacto ambiental fue aprobado, el proyecto no se desarrolló en ese momento. La historia de este desarrollo comenzó formalmente el 28 de septiembre de 2016, cuando Megamar Corp. obtuvo la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental de Categoría I a través de la resolución DRPO-AEIA-RES-IA-186-2016. El permiso otorgado se limitó a un hectárea específica dentro de una propiedad de más de 22 hectáreas, designada para infraestructura básica como un restaurante, piscina y áreas de atención al cliente.
El objetivo era ampliar las ofertas del club agregando 12 cabañas de lujo, cada una con su propio baño y jacuzzi, así como alojamiento para personas con discapacidad, con la intención de transformar el concepto inicial en un complejo de alojamiento más robusto.
Tres años después, el 7 de mayo de 2025, un nuevo representante legal de la empresa, Patrocinio Boza, se presentó y presentó una solicitud para modificar el estudio original.
La gravedad del caso llevó a las autoridades a ordenar que se enviaran copias al Ministerio Público para investigar la posible comisión de delitos ambientales tipificados en el Código Penal, elevando el conflicto de una disputa administrativa a un proceso judicial más significativo.
Actualmente, la estructura de gestión de Megamar Corp. está encabezada por Boza, quien figura como director, presidente, tesorero, secretario y suscriptor de la empresa. La lista de directores la completa Edma El Hayek Farfud, también como directora, mientras que Silverio Cedeño figura como suscriptor, según los registros corporativos disponibles. Carolina El Hayek Farfud también aparece en la junta directiva, sirviendo como agente residente y directora de la empresa.
Un elemento que añade otra dimensión al caso: en los registros de donaciones de la campaña del expresidente, reportados al Tribunal Electoral y publicados en ese entonces, Riad Salim El Hayek Tony apareció como donante, la misma persona que en 2016 se desempeñó como representante legal de Megamar Corp. Según los registros del Tribunal Electoral, la donación se canalizó a través de dos empresas: Luna Brillante SA, que contribuyó con $135,000, y Megapolis Investment Group Inc., con una contribución del mismo monto.
Este último episodio ocurrió durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024). Mientras tanto, los procesos administrativos continúan en el Ministerio de Ambiente, y la entidad ha ordenado la suspensión indefinida de las obras.
En una audiencia de garantías múltiples celebrada el 8 de marzo en Panamá Oeste, la jueza Ruth Aizpú legalizó la detención de siete personas y les formalizó los cargos por la presunta comisión de delitos contra el ambiente y las normas de uso de la tierra.
