La candidatura de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo Mainieri, al cargo de Defensora del Pueblo para el periodo 2026-2031 enfrenta su primer golpe formal: una objeción ciudadana que cuestiona su idoneidad y advierte sobre un “riesgo estructural” para la independencia del cargo. La acción fue presentada ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional por la ciudadana Yamilet O. Martínez De la Rosa, quien solicitó que la candidata sea declarada “no idónea”, argumentando conflictos de interés, falta de imparcialidad y una posible “parálisis institucional”. “Juez y parte”: el eje de la objeción. El documento plantea que la reciente salida de Russo Mainieri de la Corte Suprema donde fungió como magistrada de la Sala Civil hasta diciembre de 2025 la coloca en una posición incompatible con el rol de Defensora del Pueblo. Según la objeción, la exmagistrada podría verse obligada a investigar: fallos emitidos durante su propia gestión; quejas por mora judicial en despachos bajo su supervisión; denuncias relacionadas con el funcionamiento del Órgano Judicial. Esto, sostiene la denunciante, la convertiría en “juez y parte”, vulnerando principios básicos del debido proceso y la ética pública. Golpe a la confianza ciudadana. Más allá del conflicto directo, la objeción advierte sobre un problema aún más delicado: la percepción pública. “El problema no es solo ser imparcial, sino parecerlo”, subraya el documento, al cuestionar el paso inmediato de una alta figura del Órgano Judicial a una entidad que debe fiscalizarlo. Se alerta que esta cercanía podría generar un “espíritu de cuerpo” entre funcionarios judiciales y debilitar la credibilidad de la Defensoría como ente independiente. La “puerta giratoria” en el Estado. Uno de los argumentos más contundentes apunta a la llamada teoría de la “puerta giratoria”, donde altos funcionarios pasan de posiciones de poder a cargos de control sobre las mismas estructuras que antes integraban. La objeción sostiene que este fenómeno: rompe el equilibrio de poderes (checks and balances); debilita la autonomía de la Defensoría; genera dudas razonables sobre la capacidad de fiscalización real. Incluso advierte que la falta de un periodo de “enfriamiento” entre ambos cargos agrava el problema. Posible “parálisis funcional” de la Defensoría. Otro punto crítico es el riesgo de que Russo Mainieri deba inhibirse en múltiples casos por conflictos de interés, lo que podría provocar una “vacancia funcional constante”. Esto implicaría: delegación reiterada en funcionarios adjuntos; debilitamiento del liderazgo del titular; afectación directa a la atención de denuncias ciudadanas. Advertencia internacional. La objeción también eleva el tono al advertir que la designación podría poner a Panamá en una posición incómoda frente a estándares internacionales. Se citan los Principios de París de Naciones Unidas y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que la independencia no solo debe existir, sino también percibirse. El documento enfatiza que la cercanía reciente con el poder judicial podría constituir una “presión institucional indirecta”, incompatible con el rol de defensor de derechos humanos. La petición: frenar la designación. La ciudadana solicita a la Comisión legislativa: evaluar con rigor la idoneidad de la candidata; considerar el riesgo de conflictos de interés; garantizar el cumplimiento de estándares internacionales. Y concluye con una advertencia directa: “La legitimidad de la Defensoría del Pueblo depende de que su titular tenga una independencia incuestionable, libre de lealtades institucionales previas”. Un proceso bajo lupa. La objeción abre un nuevo frente en el proceso de selección del próximo Defensor del Pueblo, una figura clave en la protección de los derechos humanos en el país. Ahora la Comisión deberá decidir si este señalamiento ciudadano se convierte en un obstáculo real para la candidatura de Russo Mainieri o si, por el contrario, la aspirante logra superar los cuestionamientos.
