Dos exdirectores de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) durante el gobierno de Cortizo, Edward Mosley Ibarra y Francisco Vigil, no solo no han rendido cuentas por su rol protagónico en el escándalo de la denominada descentralización paralela, sino que hoy tienen una activa y ascendiente vida política dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Mientras docenas de alcaldes y representantes de corregimiento vinculados a la trama de corrupción enfrentan procesos penales o están detrás de las rejas, estos dos exfuncionarios se consolidan en la estructura del PRD. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD designó a Mosley Ibarra como Secretario Nacional de Organización y ratificó a Vigil como Secretario de Asuntos Comunitarios. La decisión consta en una resolución publicada en el Boletín Electoral número 6,002 del 30 de marzo de 2026. Esto plantea la cuestión del denominado «fuero». El artículo 305 del Código Electoral establece que los secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos no pueden ser investigados, detenidos ni procesados sin autorización previa de los juzgados administrativos electorales. Sin embargo, el abogado Javier Ordinola descarta ese argumento con dos premisas. La primera: el fuero aplica mientras la persona es candidata a un puesto. La segunda: los secretarios nacionales del PRD no forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, que es el organismo donde residen los cargos de secretario general y subsecretarios generales que menciona el Código Electoral. Son figuras auxiliares del CEN, de menor jerarquía, según el propio estatuto del partido. Mientras tanto, es público y oficial que el partido al que sirvieron les devolvió el favor con cargos de dirección nacional. La AND contrató los servicios del abogado Ángel Álvarez para representarlo en la Corte. El costo, según Panamá Compra: $190 mil. Ibarra nunca explicó con qué criterios se asignaban millones a gobiernos locales del PRD vinculados a Robinson, Pineda o Jairo Bolota Salazar. En su administración se ejecutaron las primeras transferencias a los fortines del entonces partido de gobierno. Mientras controlaba la Autoridad de Descentralización, cargo en el que ganaba al menos $6,000, paralelamente recibía otros $4,748 como docente de la estatal Universidad Autónoma de Chiriquí. Vigil, actual secretario de Asuntos Comunitarios del PRD, dirigió la AND entre junio y agosto de 2021. Las juntas comunales de Bocas del Toro, por ejemplo, recibieron $28.9 millones. Al menos $320 millones fueron transferidos a gobiernos locales controlados por diputados del PRD y sus aliados, sin control. En 2023, cuando la Procuraduría de la Administración inició una investigación sobre el asunto, Ibarra presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia y logró frenar la pesquisa.
