La ciudadanía empieza a creer que la justicia no existe o que es inoperante”, indicó. En un contexto social donde aumentan las tensiones y los reclamos ciudadanos, la debilidad del sistema judicial se convierte en un factor de riesgo adicional. La justicia, que debería ser el pilar que sostiene el orden social, enfrenta así el desafío de recuperar credibilidad en medio de críticas crecientes. Mientras tanto, en la calle, la percepción parece avanzar más rápido que los expedientes. Fuentes Montenegro advierte que existen factores externos que influyen directamente en el ritmo y rumbo de los procesos judiciales. Señala que, aunque en teoría todos los casos deberían ser tratados con igualdad, en la práctica intervienen intereses que alteran esa premisa. “Ningún caso debería ser prioridad por encima de otro. Los casos que se prolongan por años, las decisiones que generan dudas y los resultados dispares han encendido las alarmas. Fallas estructurales y un sistema que no despega. El abogado Luis Fuentes Montenegro sostiene que reducir el problema a una sola causa sería simplificar una situación compleja que arrastra múltiples fallas estructurales. A su juicio, el Sistema Penal Acusatorio, que en su momento fue presentado como una solución moderna y eficiente, no ha cumplido con las expectativas en la práctica. “Existen múltiples factores. El sistema penal acusatorio en la práctica no ha resultado tan eficaz como se pronosticaba y muchas veces sale a flote la falta de imparcialidad”, explicó. Esta falta de imparcialidad, según el jurista, es uno de los elementos que más golpea la credibilidad del sistema, ya que abre la puerta a sospechas sobre la transparencia en la toma de decisiones. Influencias, poder y justicia desigual. Pero el problema no se queda en lo técnico. La lentitud en los procesos y la creciente percepción de selectividad en la aplicación de la ley están debilitando la confianza de la ciudadanía en un sistema que, para muchos, ya no garantiza igualdad. En medio de esta realidad, juristas advierten que el problema no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. Pero intervienen razones como el rejuego político, la intención de congraciarse con el poder de turno y la presión de ciertos medios alineados a intereses políticos y económicos”, afirmó. Estas declaraciones ponen sobre la mesa un tema sensible: la posible interferencia de poderes fácticos en la administración de justicia, una percepción que ha ido ganando terreno en la opinión pública. El cuestionamiento más severo apunta a la aplicación desigual de la ley, especialmente cuando se comparan casos de distintos perfiles sociales y económicos. Para Fuentes Montenegro, el sistema actúa con firmeza frente a ciertos sectores, pero pierde fuerza cuando enfrenta estructuras de poder más complejas. “La Ley Penal se ha venido afianzando como un instrumento implacable contra los que se creen árboles sin sombra… pero cuando se trata de grupos de cuello blanco, de delincuencia organizada económica entretejida con el poder político, es infuncional, cómplice, blandengue”, sostuvo. En esa misma línea, el abogado y exlegislador Guillermo Cochez coincide en que la lentitud de la justicia tiene un impacto directo en la percepción ciudadana. Asegura que existe una sensación generalizada de desigualdad en el acceso y aplicación de la justicia, especialmente entre quienes no cuentan con recursos económicos. “Hay una percepción de que la justicia se aplica solo para los de abajo, los que no tienen abogados famosos”, expresó. Cochez también advierte que los procesos pueden extenderse durante años, particularmente cuando los involucrados tienen la capacidad de recurrir a instancias superiores. “Los que tienen recursos van hasta la Corte y demoran tres o cuatro años en procesos donde ya han sido condenados”, señaló. Según el exlegislador, estas dilaciones no siempre son producto de la carga laboral del sistema, sino que en algunos casos responden a estrategias legales para ganar tiempo. “Lo que buscan es ver de qué forma quedan liberados por influencias y otras cosas que se dan con bastante frecuencia en nuestro sistema judicial”, agregó. Desconfianza ciudadana. Ambos juristas coinciden en que el daño más profundo no está únicamente en los expedientes que se acumulan, sino en la percepción de que la justicia no opera con equidad. Esa percepción, advierten, puede tener consecuencias peligrosas para la estabilidad institucional del país. Fuentes Montenegro alerta que la falta de confianza en el sistema penal puede llevar a la ciudadanía a cuestionar su legitimidad. “Esto genera más desconfianza en el sistema penal. Decir que una sola causa produce tales retrasos sería desacertado.
