Arquidiócesis de Panamá abre oficina para víctimas de abuso

La Arquidiócesis de Panamá ha creado una oficina de apoyo para víctimas de abuso y ha entregado sus casos de mala conducta desde 2001 a una comisión internacional. El objetivo es garantizar transparencia y proteger a las poblaciones vulnerables.


La Arquidiócesis de Panamá, en ese sentido, aperturó en 2024 una oficina de escucha en la Universidad Santa María La Antigua (Usma) para que las víctimas de cualquier tipo de abuso (psicológico, físico, emocional, entre otros) acudan en busca de ayuda. “Tal vez en los primeros tiempos no lo hicimos bien, hay que aceptarlo e incluso pedir perdón, no con mala fe, pero por ignorancia, y este estudio nos viene a iluminar; estoy convencido de que corregiremos lo que sea necesario en la atención y cercanía con los más vulnerables y los que hayan sido víctimas”, afirmó. La arquidiócesis de Panamá anunció que se someterá al escrutinio de una Comisión de Transparencia Internacional, integrada por 18 especialistas de distintas ramas profesionales y países de América Latina, para evaluar su manejo en casos de abuso a menores de edad y personas en estado de vulnerabilidad desde el año 2001 hasta la fecha. Dicha unidad, hasta la fecha, ha atendido 11 casos a los que se les ha brindado la ayuda especializada requerida. Por su parte, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, señaló que este informe le permitirá a la diócesis “corregir lo que sea necesario” y asumir su responsabilidad en caso de que se hayan cometido errores. Adrián Cuevas, consultor legal de la Arquidiócesis y miembro de la Pastoral de Cuidado y Prevención, señaló que ya se está en conversaciones con las autoridades judiciales para encontrar mecanismos que garanticen el debido proceso y la protección de las víctimas en caso de que la investigación revele nuevos abusos cometidos por personas dentro y fuera de la iglesia. “Los casos nuevos que involucren algún tipo de abuso sexual o situación con menores que la ley tipifique como delito, independientemente de lo que tipifique el derecho canónico, serán redirigidos hacia el Ministerio Público”, subrayó. Sin embargo, no se descarta que, de encontrar casos que representen un delito, sean llevados ante el Ministerio Público (MP) a fin de que haya certeza de castigo contra quienes resulten responsables. Mencionó que, una vez se entregue el informe final, corresponderá a las autoridades eclesiásticas darle seguimiento al mismo y tomar las correcciones pertinentes según los resultados. Por lo tanto, deben encontrar formas que no solo permitan dar con los responsables del hecho, sino que también respeten la integridad de los menores involucrados. Cuevas agregó que, en estos casos, los primeros que deben presentar las denuncias son los padres; sin embargo, esto no se da. “El origen y la motivación de este proyecto nació de la dificultad que tiene la iglesia de contarse, de contar una realidad que es muy dolorosa y que a veces produce parálisis, y que solo los ojos externos con honestidad y responsabilidad cuentan”, dijo. El padre Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia, detalló que la valoración a la gestión de la diócesis panameña que comprende desde el área de Chepo hasta San Carlos, inició hace aproximadamente seis meses, y en estos momentos, se encuentra en su segunda fase que se extenderá por tres meses, ya que, contempla el proceso de recolección de información y entrevistas con las posibles víctimas para continuar con el análisis de los casos y presentar el documento final el próximo mes de septiembre. El estudio será financiado por la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y la Universidad Villanueva (España); por tanto, el personal cuenta con total independencia para ejercer su función.