La Procuraduría General de la Nación dispuso medidas inmediatas de protección integral para los niños y adultos con discapacidad que permanecen en un albergue actualmente bajo investigación, tras denuncias por posibles vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Entre las disposiciones adoptadas se incluye la prohibición expresa de que las personas denunciadas se acerquen a las víctimas o a los lugares donde estas se encuentren, así como la restricción de todo acto de agresión psicológica, verbal, física o patrimonial, y cualquier tipo de contacto directo o indirecto con los afectados.
De acuerdo con el comunicado oficial, también se instruyó al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de estas disposiciones, atendiendo el interés superior de las víctimas y su condición especial de vulnerabilidad.
Estas medidas se mantendrán vigentes mientras se desarrollan las investigaciones. Las autoridades recordaron que en el albergue se encuentran menores de edad y adultos con discapacidad, lo que obliga a una actuación prioritaria del Estado para salvaguardar su integridad física, psicológica y social.
Inspección técnica urgente
Como parte del plan de acción, una reunión extraordinaria se realizó desde las 10:00 de la mañana hasta aproximadamente las 3:00 de la tarde, en la que se acordó una inspección técnica inmediata por un equipo interinstitucional y especializado para verificar la situación real del albergue.
La comisión está integrada por personal del MIDES, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y de la Red Nacional de Niñez y Adolescencia, entre otras entidades. Cerca de las cuatro de la tarde se observó la llegada de vehículos oficiales y particulares a las instalaciones, cuyos equipos permanecen en el lugar realizando la evaluación.
Entre los aspectos que están siendo revisados figuran las condiciones de infraestructura, el estado de salud física y psicológica de los residentes, así como la presencia de adultos con discapacidad que podrían requerir traslado a otras instituciones con atención especializada.
Posibles traslados y supervisión
Otra de las medidas en análisis es el traslado de los adultos con discapacidad a centros adecuados que garanticen una atención especializada, además de la supervisión institucional y la evaluación administrativa del manejo del albergue.
Las autoridades indicaron que cuentan con la potestad legal para ordenar estos movimientos, acompañados de supervisión directa y la documentación formal correspondiente. La Procuraduría, a través del procurador general Luis Carlos Gómez, reiteró que ninguna persona puede ejercer actos de presión, agresión o contacto con las víctimas mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de autores o partícipes.
El objetivo principal, subrayaron, es garantizar la seguridad, dignidad y bienestar de los menores y adultos con discapacidad que se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad.
