Los gremios de Trabajo Social y Psicología encendieron las alarmas sobre la situación que enfrenta la niñez y adolescencia en el país, al advertir fallas en la respuesta del Estado en materia de protección integral y atención institucional.
Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones manifestaron su preocupación por las condiciones actuales, especialmente en el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley, subrayando que la responsabilidad no puede recaer en una sola entidad.
Los profesionales reconocen el rol de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), pero enfatizan que la garantía de derechos requiere una acción articulada entre diversas instituciones del Estado.
En ese sentido, señalaron que el Órgano Judicial, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía y Finanzas también forman parte de esta responsabilidad, junto a otros actores públicos y de la sociedad civil.
El pronunciamiento se sustenta en normas como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de Panamá y leyes vigentes, que establecen principios como el interés superior del menor y la corresponsabilidad institucional.
Sin embargo, los gremios advierten que persisten debilidades en la coordinación interinstitucional, así como limitaciones en recursos humanos y técnicos, lo que reduce la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población infantil y adolescente.
Uno de los puntos más críticos del comunicado es la advertencia sobre el uso de albergues como solución generalizada, especialmente para adolescentes en conflicto con la ley.
Según los especialistas, estos espacios no responden adecuadamente a todos los casos, por lo que consideran necesario desarrollar centros especializados orientados a la evaluación, orientación y reintegración social.
Ante este escenario, los gremios hicieron un llamado al Estado a fortalecer la articulación interinstitucional, garantizar recursos suficientes y priorizar la incorporación de personal especializado en las distintas áreas de atención.
Asimismo, insistieron en que las decisiones relacionadas con la niñez y adolescencia deben sustentarse en criterios técnicos aportados por profesionales del Trabajo Social y la Psicología.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su disposición de colaborar en la construcción de políticas públicas integrales que permitan garantizar la protección, el desarrollo y la restitución de los derechos de la niñez y adolescencia en Panamá.
