El Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional el Contrato Ley 406, una medida que afecta la distribución de regalías de la mina Cobre Panamá. La decisión se produjo después de que la empresa Minera Panamá, S.A. y el Estado discutieran la base del cálculo de los $29 millones recibidos por la venta de concentrado de cobre. A pesar de la invalidez del contrato, el fallo no es retroactivo, por lo que sigue aplicándose al cálculo de regalías. El gobierno asegura que no cubre los gastos de mantenimiento mientras la mina permanece cerrada.
Minera Panamá, S.A. afirma que los costos de mantenimiento, procesamiento y almacenamiento del concentrado de la mina son completamente su responsabilidad. La empresa indica que los $29 millones de regalías se calcularon de acuerdo con el porcentaje del 12%–16% del ingreso neto después de deducir los costos permitidos. El contrato, declarado inconstitucional en noviembre de 2023, no impone al Estado una obligación retroactiva. No obstante, la empresa declara que continuará financiando el Plan de Gestión y Seguridad mediante ingresos de las ventas de concentrado.
El método de cálculo parte de la facturación bruta, luego resta los costos permitidos por la normativa, como transporte, fundición y comercialización. El ingreso neto es la cifra utilizada para aplicar la tasa de regalías del 12%–16%. Este método se empleó porque el concentrado se extrajo mientras la Ley 406 estaba vigente. La empresa sostiene que el Estado no tiene responsabilidad financiera por estos costos.
Según la resolución actual, el Plan de Gestión y Seguridad permanece en vigor mientras la mina se preserve y mantenga. Todos los gastos de infraestructura, gestión ambiental y seguridad industrial recae exclusivamente en Minera Panamá, S.A. El Estado no asumirá ninguna responsabilidad financiera por la ejecución del plan. El plan se financia completamente con los ingresos de las ventas de concentrado.
El gobierno no descarta vender el concentrado restante almacenado en la mina para obtener ingresos adicionales. Todavía no está claro cuánto tiempo permanecerá cerrada la mina o cuántos costos adicionales se requerirán. La discusión continúa mientras las partes interesadas buscan claridad sobre la responsabilidad financiera.
