El Ministerio de Gobierno ha firmado el segundo acuerdo de alimentación penitenciaria este año. El 26 de septiembre, el contrato para alimentar a las cárceles de Chiriquí se adjudicó a Moovi, S.A. por 31 millones 994 mil 77 dólares con 50 centavos. Esa es la cantidad que el Estado pagará para alimentar a detenidos, custodios y policías del sistema penitenciario panameño. Copali está integrado por Compañía Alimentando Panamá, S.A., una sociedad inscrita en el Registro Público en noviembre de 2012. En los documentos figura como apoderado el empresario colombiano Juan Carlos Almansa Latorre. No hubo competencia. Fue el único oferente en el acto público. El monto asciende a 209 millones 690 mil 750 dólares con 50 centavos. El Ministerio de Gobierno ya decidió quién proveerá comida a las cárceles de la provincia de Panamá por los próximos seis años. El contrato fue para el Consorcio Panameño de Alimentación (Copali), nombre que aparece en los documentos oficiales. La comida llegará a La Joya, que en realidad son tres cárceles en un complejo, además del Centro Femenino de Rehabilitación, Tinajitas y El Renacer. En total, una población estimada de 17,401 personas. Esa empresa fue inscrita en octubre de 2016 y su presidenta es María Auristela Delgado Diez. Mientras tanto, Colón sigue en proceso. Ración completa: desayuno, almuerzo y cena. Dos consorcios compiten: C&J Food Services Panamá con una propuesta de 29 millones, y Consorcio Panameño de Alimentación Colón que solicitó 33.6 millones. En Panamá, la comida en cárceles es un gran negocio, con contratos a largo plazo, altos montos y, a veces, un solo comensal en la mesa. De ese total, 16,409 son reclusos, 424 custodios y 568 policías asignados a los penales. El precio quedó fijado: 5.50 dólares por persona al día. Todo legal. Y aquí sí hay competencia.
