El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presentó este viernes un balance de sus primeros 18 meses de gestión, centrado en el control de la migración por el Darién, la situación fiscal del país, el manejo del cierre de la mina de cobre, la seguridad pública y una agenda de reformas estructurales que incluye educación, reorganización del Estado y un eventual cambio constitucional.
En apenas un año y medio, otorgamos veinte veces más plazas de trabajo para jóvenes que las concedidas en los cinco años anteriores. El programa de Pasantías Rentadas, que ha sido exitoso en otros países, está en proyecto de ley para segundo debate en la Asamblea Nacional. A través del programa Espacio del Emprendedor, con sedes en Panamá, Colón y David, ya se ha logrado la formalización de 4,900 emprendedores, quienes además han generado más de 6,500 empleos.
En materia de seguridad, se ejecutó el Plan Firmeza, con más de 71 mil detenciones, decomisos de droga a gran escala y un llamado a revisar el rol del sistema judicial. El flujo migratorio ilegal fue reducido en más de un 99%, dando por superada la crisis humanitaria, ambiental y de seguridad en la frontera de Darién.
En el plano económico, se redujo el déficit del 7,35% a cerca del 4% del PIB, se mantuvo el grado de inversión y se mejoró significativamente el riesgo país. El presupuesto 2026 aprobado asciende a US$34,901 millones, con un superávit primario por primera vez en más de 12 años. La economía panameña crecerá alrededor del 4%, con una inflación proyectada por debajo del 1%.
En el ámbito social, se saldaron deudas históricas en salud, se entregaron 1,510 viviendas y se aprobó una nueva ley de interés preferencial. El presidente anunció un proceso participativo para una nueva ley educativa y el impulso a una nueva Constitución, enfatizando la necesidad de unir esfuerzos para construir un Panamá más fuerte y próspero para todos.
