El caso Odebrecht retorna este lunes 12 de enero de 2026 a los estrados judiciales, luego de que la audiencia ordinaria programada originalmente para el 11 de noviembre de 2025 fuera suspendida y trasladada a esta fecha alterna. La diligencia forma parte del proceso penal que investiga el presunto delito de blanqueo de capitales, vinculado a la adjudicación de contratos de obras públicas mediante el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, en un esquema de corrupción que trascendió fronteras y sacudió a varios países de América Latina. A nivel internacional, Odebrecht admitió ante autoridades judiciales de Estados Unidos, Brasil y Suiza haber pagado aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en al menos 12 países, con el objetivo de asegurar contratos públicos millonarios. Panamá figura entre las naciones impactadas por este esquema, con pagos ilegales que, según investigaciones oficiales, superaron los 59 millones de dólares. La audiencia prevista para noviembre no logró concretarse, lo que obligó al tribunal a reprogramar el acto judicial para enero de 2026, sumándose así a la larga lista de aplazamientos que han marcado el desarrollo de uno de los casos de corrupción más emblemáticos del país. En el expediente panameño figuran exfuncionarios y empresarios, señalados por su presunta participación en una trama que permitió a la constructora brasileña obtener contratos de infraestructura por miles de millones de dólares, generando un profundo impacto en las finanzas públicas y en la confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado. Para este lunes se espera que el tribunal retome el trámite correspondiente, en medio de cuestionamientos por la lentitud del proceso y las expectativas ciudadanas de que finalmente se produzcan avances concretos en un expediente que se arrastra desde hace varios años. El retorno del caso Odebrecht a los tribunales vuelve a colocar bajo la lupa al sistema de justicia panameño, en un proceso que no solo arrastra tiempo y audiencias fallidas, sino también la presión de un escándalo de alcance mundial que aún espera respuestas y sanciones definitivas.
