La propuesta de reducir a 12 años la edad mínima para imputar penalmente a menores que cometan delitos ha recibido duras críticas desde el sector jurídico, donde se advierte que la medida no cuenta con sustento profesional ni responde a soluciones reales frente a la criminalidad. El abogado Roberto Moreno, exfiscal de la República, fue categórico al señalar que no existe prueba de que la ampliación de la competencia del derecho penal hacia niños, ni el aumento de penas, logre disminuir la incidencia delictiva. Añadió que tampoco se conocen estadísticas que permitan afirmar que los delitos cometidos por menores de hasta 12 años sean relevantes. Desde el plano constitucional, Moreno recordó que el concepto de Constitución en Panamá incluye los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño. Según estos estándares, antes de pensar en reducir la edad de imputabilidad debería evaluarse incluso la posibilidad de aumentarla, aunque el mínimo aceptado sea de 12 años. El exfiscal también advirtió que el sistema penal panameño no tiene la capacidad, ni en recursos materiales ni humanos, para asumir nuevas competencias, cuando actualmente no logra atender de manera efectiva las que ya posee, aun cuando los casos que involucren a menores de 12 años sean pocos. A su juicio, insistir en imputar penalmente a niños de esa edad no es más que demagogia y populismo, y desvía la atención de lo que debería ser la verdadera prioridad del Estado: fortalecer programas escolares, promover una cultura de paz y desarrollar actividades alternativas que alejen a los niños de la criminalidad.
Falta de cifras y capacidad institucional. En una línea similar, el abogado David Villarreal sostuvo que antes de discutir la punibilidad de menores de 12 años es indispensable contar con estadísticas claras sobre cuántos menores por debajo de los 14 años están involucrados en delitos y de qué naturaleza. Villarreal subrayó que no todos los niños de esa edad tienen la capacidad de comprender plenamente lo que constituye un delito y las consecuencias de sus actos. Recordó que la materia está regulada por la Ley 40 de 1999, por lo que cualquier intento de imputar penalmente a menores de 12 años implicaría una modificación directa de esa normativa. Advirtió además que la propia Ley 40 tendría que garantizar los instrumentos necesarios para la atención de estos menores, algo que, según su criterio, hoy no está resuelto. "No creo que estén preparados para atender esa problemática", afirmó, al referirse a la capacidad institucional del Estado. El jurista insistió en que se trata de un tema criminológico que exige analizar las causas reales del fenómeno, incluyendo si los menores actúan por voluntad propia o si están siendo utilizados y manipulados por adultos para cometer delitos.
Riesgo de legislar sin datos. Por su parte, el abogado Juan Carlos Arauz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, advirtió que toda iniciativa legislativa debe partir del análisis del número total de casos que involucran a menores en esa franja de edad. Arauz señaló que solo después de revisar esas cifras puede hablarse de la necesidad de una reforma legal, ya que de lo contrario, la ley pierde su carácter general y termina diseñada para regular situaciones específicas o coyunturales.
