El 17 de enero de 2026 marcó un hito histórico para la gobernanza oceánica con la entrada en vigor oficial del Tratado de Altamar (Acuerdo BBNJ). Este acuerdo internacional sienta las bases fundamentales para regular las actividades humanas en la alta mar y fomentar la cooperación técnica entre los Estados. Su implementación permite establecer reglas claras para la conservación y el uso sostenible de ecosistemas de alto valor ecológico que actualmente enfrentan amenazas críticas por la contaminación, la sobreexplotación de recursos y los efectos derivados del cambio climático. Las aguas internacionales son consideradas patrimonio común de la humanidad y permanecen abiertas para la navegación, la investigación científica y la pesca responsable bajo el derecho internacional. En este contexto, Panamá ha fortalecido su liderazgo con la sanción de la Ley 442 el 30 de septiembre de 2024. Esta ley formaliza la participación del país en esta iniciativa global que busca proteger ecosistemas marinos bajo presión climática y comercial. Con la entrada en vigor del Tratado de Altamar, la República de Panamá adquiere la capacidad de incidir directamente en la toma de decisiones para la conservación de la biodiversidad en aguas internacionales, fortaleciendo el desarrollo de capacidades y la cooperación para asegurar la estabilidad del sistema oceánico global. Este avance se consolidó mediante la ampliación del área de recursos manejados de Banco Volcán, que incrementó su superficie de 14,201.13 km² a 93,390.0 km². El interés de Panamá por la preservación de los océanos se sustenta en acciones previas verificables. En 2023, el país anunció que mantiene bajo protección el 54.33% de su Zona Económica Exclusiva, superando las metas globales establecidas. Con esta acción, Panamá se posiciona como una nación con un marco jurídico alineado a los estándares ambientales más exigentes del mundo.
